De 2015 a 2016 se documentaron 63 casos de agresión a personas defensoras de los derechos ambientales en 18 estados de 32 y Veracruz ocupa la posición número siete, según información del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
El tercer informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales en México 2016 realizado por Cemda, aseveró que los conflictos socio-ambientales en México han ido en aumento, pues de 2010 a 2016 se han registrado 303 casos de agresiones a personas defensoras de los derechos ambientales.
De los 63 casos arriba mencionados, ocurrido de julio 2015 a junio 2016 los estados donde se registraron las agresiones fueron:
Estado de México y Sonora con 12 casos cada uno; Oaxaca con seis casos; Puebla con cinco casos; Colima y Campeche con cuatro casos; Veracruz y Chiapas con tres casos; Quintana Roo, Jalisco, Guanajuato y Baja California Sur con dos casos y; Yucatán, Morelos, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y Ciudad de México con un solo caso.
Las agresiones incluyen asesinatos, amenazas e intimidaciones, detenciones ilegales, criminalización y otras agresiones físicas y; de acuerdo a los registros de Cemda, los ataques van a la alza de manera constante desde 2010, con un salto dramático entre 2012 y 2013-2014, manteniendo la constante en 2014-2015.
La organización no gubernamental Global Witness (2016), encontró que en el año 2015 la mayoría de los asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y elmedioambiente están vinculados con las industrias extractivas y que 36% de lasvíctimas fueron personas indígenas.
En México, se registraron 33 asesinatos de defensores de la tierra y el medioambiente entre 2010 y 2015, de los cuales cuatro ocurrieron en el año 2015.
El informe de Cemda reveló que de los 63 casos de ataques que registró tuvieron como víctima a 139 personas, así como a 10 organizaciones y 20 comunidades campesinas y/o indígenas. De las 139 personas que se registraron 48 fueron hombres y 10 a mujeres.
De los 63 casos 17 correspondieron a obra hidráulicas y política públicas de administración del agua; 10 casos a minería; ocho casos a proyectos de infraestructura; siete casos a hidroeléctricas; cinco casos a proyectos inmobiliarios; cuatro casos despojo de tierra y territorio; cuatro casos de proyectos eólicos; entre otros.
De las agresiones que se registraron en los 63 casos se identificó que en el 43 por ciento provienen de autoridades del Estado mexicano de los distintos órdenes de gobierno: 56 por ciento provinieron de la autoridad estatal; 22 por ciento autoridad municipal y 22 por ciento autoridades federales.
Un 31 por ciento no se pudieron identificar; 14 por ciento fueron cometidas por particulares; 7 por ciento por personal de las empresas; 3 por ciento por parte de la gente de la misma comunidad y; 2 por ciento por grupos del crimen organizado.
En agosto de 2013 fue asesinado Noé Vázquez Ortiz, artesano y activista opositor a la presa El Naranjal, en Amatlán de los Reyes, Veracruz, mientras recogía hierbas para la inauguración del X Encuentro Nacional Mexicano de Afectados por las Presas en Defensa de los Ríos, programada del 2 al 4 de ese mismo mes.
El Centro Prodh dijo que las circunstancias de su asesinato nunca quedaron claras, debido a que tampoco se pudieron identificar a sus agresores.
La hidroeléctrica privada El Naranjal despojaría de tierras y agua a unos 30 mil campesinos e indígenas de Veracruz, así como afectación a 56 especies de animales y vegetales protegidas.
El negocio era generar media anual de 676 gigavatios/hora para “autoabastecimiento” y para venta de excedentes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
(fuente: Nodal)
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