La Defensoría del Pueblo desplegó un contingente de comisionados en el Cercado de Lima para supervisar el desarrollo de las movilizaciones ciudadanas convocadas este 28 de julio, en el marco de la asunción presidencial de Keiko Fujimori Higuchi.
El organismo constitucional autónomo informó que la intervención tuvo como objetivo prioritario garantizar el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y verificar que los procedimientos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ejecutaran bajo los estándares constitucionales y de derechos humanos, en un escenario caracterizado por un estricto resguardo policial debido a los actos oficiales de transmisión de mando.
A través de sus canales institucionales, la entidad defensorial precisó que el monitoreo en el centro histórico se mantuvo de forma permanente durante la jornada festiva para asegurar que el derecho a la protesta se ejerciera de manera pacífica. La supervisión técnica del organismo se concentró en la evaluación de los perímetros de seguridad y en la prevención de contingencias que pudieran vulnerar la integridad de los asistentes.
Convocatoria civil y movilización en el centro de Lima
La jornada de protesta congregó a delegaciones de diversas regiones del país, principalmente de Arequipa y Puno, así como a colectivos civiles y activistas de derechos humanos. La marcha, que inició en los exteriores del Palacio de Justicia y avanzó hacia la Plaza San Martín —donde se registraron fricciones focalizadas con el cordón policial—, contó con la participación activa de los deudos de los conflictos sociales ocurridos entre 2022 y 2023.
Entre los familiares presentes, Elizabeth Santisteban, hermana de Víctor Santisteban (fallecido en las movilizaciones de Lima durante la crisis política previa), manifestó el rechazo formal de las asociaciones de víctimas hacia la nueva administración gubernamental. Asimismo, la movilización fue monitoreada por veedores internacionales y directivos civiles, entre ellos Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), y Jennie Dador, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, quienes lideraron brigadas de observación sobre el uso de la fuerza y las libertades civiles.
Posturas políticas y disidencia en el Fuero Parlamentario
El exaspirante presidencial Roberto Sánchez Palomino, quien compitió en el balotaje frente a Fujimori Higuchi, participó en las movilizaciones y ratificó su cuestionamiento a la legitimidad del proceso electoral, aunque precisó que mantendrá una disposición al diálogo institucional con el Ejecutivo en favor de demandas sociales específicas.
En paralelo, la oposición parlamentaria trasladó la protesta al hemiciclo del Congreso de la República durante la ceremonia de investidura. Miembros de la bancada de Ahora Nación escenificaron su disconformidad permaneciendo de espaldas durante los actos protocolares y portando crespones negros en señal de luto. Finalmente, al iniciarse el primer mensaje a la Nación de la jefa de Estado, los legisladores de Juntos por el Perú y un sector de la representación de Ahora Nación abandonaron el salón de sesiones en rechazo al inicio del periodo constitucional 2026-2031.
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