Foto: Radio Onda Azul
El ministro Guillermo Shinno calculó que 30.000 mineros restan por formalizarse y afirmó que un mecanismo simplificado resolvería las solicitudes en 18 meses.
El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, se presentó este martes 27 de octubre ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para sustentar la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). Durante su exposición, el titular del sector reiteró que el Ejecutivo no contemplará una nueva prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y exhortó a los parlamentarios a agilizar el debate para fijar el nuevo marco normativo del sector.
El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) argumentó que la estructura del registro actual entorpece la diferenciación entre la actividad informal y el delito ambiental. «Hoy día, tal como está el Reinfo, protege a la minería ilegal. Por eso no podemos permitir que se siga ampliando», aseveró el funcionario, ratificando el cese del mecanismo para el primero de enero.
Shinno sostuvo que unos 30.000 trabajadores permanecen pendientes de regularización y que un trámite simplificado permitiría completar el proceso en un plazo de 18 meses. Frente a eventuales medidas de fuerza o bloqueos de gremios mineros, el ministro remarcó que la postura del Gobierno es firme y que la resolución final sobre la iniciativa recae en el Poder Legislativo.
Avances del censo sectorial y remediación en Moquegua
Respecto al censo de pequeños mineros y mineros artesanales, la cartera confirmó la suscripción de un acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El inicio del levantamiento de información de campo queda supeditado a la transferencia de partidas presupuestales, tras haber cerrado el convenio diez días atrás.
Finalmente, Shinno justificó la transferencia de fondos estatales para la remediación ambiental en unidades mineras inactivas de Moquegua, como Aruntani SAC, paralizadas desde 2019. El ministro señaló que la asignación responde a una obligación legal estipulada, cuyo incumplimiento habría configurado omisión de funciones.
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