Amnistía Internacional presentará esta semana una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para condenar los recientes ataques perpetrados por el presidente Javier Milei contra periodistas que investigaron el caso $LIBRA. La decisión se adoptó luego de que el mandatario descalificara e insultara a cinco comunicadores durante una alocución en la Fundación Faro, pronunciando declaraciones calificadas por la organización como expresiones de violencia extrema.
Durante su intervención pública, el jefe de Estado apuntó directamente contra Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio, a quienes tildó de «ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones«. Asimismo, el gobernante afirmó en el mismo foro que «los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta«, agravando el tono de confrontación hacia la prensa independiente.
Desde la entidad defensora de derechos humanos advirtieron que los dichos presidenciales exceden una divergencia sobre la cobertura mediática, ya que exponen públicamente a los trabajadores de prensa y estigmatizan su labor. Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, subrayó que la investidura presidencial conlleva una responsabilidad ineludible en la protección de la libertad de expresión, advirtiendo que el hostigamiento institucional erosiona el debate democrático y afecta el derecho de la ciudadanía a recibir información.
Respecto a los canales jurídicos elegidos, la organización detalló que el procedimiento no contempla plazos perentorios, pero buscará informar sobre el deterioro de la libertad de expresión ante los relatores especiales de la ONU y la CIDH.
En el ámbito interamericano, se tramitará una comunicación bajo los términos del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mientras que en las Naciones Unidas se activará un mecanismo equivalente para emitir advertencias al Estado. La institución aclaró que no se trata de una representación legal individual de los periodistas afectados, dado que para ello deben agotarse previamente las instancias internas.
El organismo internacional enmarcó estos episodios en un retroceso generalizado de las condiciones para ejercer el periodismo en el país, respaldándose en cifras del Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Dicho informe documentó 278 ataques contra comunicadores durante 2025, lo que representa un incremento del 55 por ciento en comparación con 2024 y la cifra más alta registrada desde el inicio de las mediciones en 2008.
El relevamiento institucional señaló a Javier Milei como el principal agresor individual al atribuirle la responsabilidad en 119 de los hechos, los cuales incluyeron discursos estigmatizantes, demandas judiciales y restricciones de acceso a la información pública. Para Amnistía Internacional, la persistencia de mensajes intimidatorios desde las altas esferas gubernamentales genera un clima de autocensura que limita la circulación de información y debilita la fiscalización de la gestión pública.
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