Presidenta Boluarte firmó DU 006-2025 que transfiere más de S/ 52 millones a diversas instituciones
La presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, aprobó el Decreto de Urgencia N.º 006-2025, que establece medidas extraordinarias y urgentes en materia económica y financiera, con el objetivo de restablecer el principio de autoridad en la provincia de Pataz, región La Libertad.
La norma dispone acciones para fortalecer e implementar mecanismos de fiscalización, control y trazabilidad del transporte y la comercialización de insumos químicos, explosivos, equipos, maquinarias y otros materiales que podrían ser utilizados en actividades de minería ilegal.
Asimismo, se establece el control de los productos obtenidos mediante dicha actividad, conforme a la normativa vigente, junto con otras medidas excepcionales.
Según el Decreto de Urgencia N.º 006-2025, se autoriza una transferencia de partidas por más de 52 millones de soles a favor de diversos sectores del Ejecutivo. Estos recursos permitirán financiar la instalación de puestos de control, la ejecución de operativos policiales, el fortalecimiento logístico y la contratación de personal para las instituciones responsables de enfrentar la minería ilegal y sus delitos conexos.
Entre ellas figuran la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), la SUTRAN, la SUCAMEC, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
De igual modo, se faculta a dichas entidades a contratar personal de manera excepcional, bajo el régimen especial de contratación administrativa de servicios (CAS), con contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025. Estos procesos se realizarán mediante concursos públicos simplificados, garantizando los principios de meritocracia, transparencia e igualdad de oportunidades.
Además, se establece la implementación de puestos de control en tres zonas estratégicas de Pataz: Shicun, Calquiche y Pamparacra. Dichos puntos estarán integrados por entidades como la PNP, el Ministerio Público, el MINEM, SUNAT, SUTRAN y SUCAMEC, que desarrollarán acciones conjuntas de fiscalización, verificación documental, inspecciones físicas e incautaciones cuando corresponda.
También, se encargará al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en coordinación con la SUNAT, la definición de rutas fiscales para el tránsito obligatorio de insumos, materiales y productos vinculados a la actividad minera.
De otro lado, se ordena el fortalecimiento del Sistema de Control y Monitoreo Inalámbrico (GPS) para el transporte de mercancías en dichas rutas. Los vehículos deberán transmitir en tiempo real su ubicación a la SUTRAN, sin manipulación alguna. El incumplimiento de esta medida será considerado una infracción muy grave, sujeta a sanciones administrativas, como multas y la suspensión de la habilitación vehicular.
Del mismo modo, el Ministerio de Energía y Minas queda autorizado para disponer la revocación automática de la inscripción en el REINFO de aquellos titulares que incurran en irregularidades, como el transporte de volúmenes no declarados o la extracción de minerales desde zonas distintas a las autorizadas. Esta medida busca cerrar el paso al uso fraudulento del registro y fortalecer la presencia del Estado en el control de la actividad minera.
En esa misma línea, se implementará un sistema piloto de trazabilidad de la comercialización del oro, el cual permitirá rastrear el producto desde su origen hasta su destino final.
Las personas naturales y jurídicas dedicadas a esta actividad deberán inscribirse en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO) y registrar cada operación a través del aplicativo QORI, de uso obligatorio. Cualquier quiebre o inconsistencia en la información registrada será causal de fiscalización inmediata.
Disposiciones complementarias finales
Adicionalmente, el Decreto establece una serie de disposiciones complementarias finales que fortalecen la eficacia de estas medidas. Se tipifican como infracciones administrativas muy graves el uso de vehículos sin GPS operativo, la no transmisión de datos a SUTRAN o el envío de información manipulada. Estas conductas serán sancionadas con una multa de una UIT y la suspensión de la habilitación vehicular por sesenta días.
De la misma manera, se otorga a SUTRAN la potestad de dictar medidas preventivas como la interrupción del viaje, la retención del vehículo o incluso su internamiento, cuando se infrinjan las disposiciones relativas a las rutas fiscales establecidas.
Además, se autoriza al Ministerio Público la contratación excepcional de 16 fiscales adjuntos provinciales y cinco fiscales provinciales adicionales, quienes reforzarán la lucha contra la minería ilegal en la zona. Estas plazas tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
También se dispone la revocación automática de las inscripciones suspendidas en el REINFO correspondientes a los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba. La lista de revocaciones será publicada por el MINEM.
Finalmente, se establece un régimen especial para fortalecer la gestión penitenciaria. Se exoneran ciertos requisitos establecidos en la Ley N.º 31419 y el Decreto Legislativo N.º 1328, permitiendo al Instituto Nacional Penitenciario designar o encargar puestos clave de seguridad penitenciaria para responder al incremento de detenciones que generará esta intervención.
Fuente: Agencia Andina
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