La construcción del canal fue licitada por 17 millones y terminó costando 36 millones de soles, señaló el congresista Carlos Domínguez Herrera respecto al proyecto Chinecas, durante la sesión del grupo de trabajo encargado de Fiscalizar los Procesos de Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras en los Gobiernos Regionales.
El legislador aseveró que si bien es representante de la región Áncash se convocó a la reunión para que se den mayores alcances respecto a la denuncia hecha en un medio televisivo sobre la deficiente construcción del canal integrado Santa – San Bartolo tramo: Km. 2+102.61 al Km. 13+303 del proyecto especial Chinecas.
Richard Asmat Urcia, procurador anticorrupción del Santa, precisó que el caso fue retomado por la procuraduría a fines de enero de este año porque se incluyó el delito de malversación de fondos a los de apropiación, peculado doloso y colusión a las 5 personas que llevaron el proceso, entre ellos, 3 contadores que participaron en el período 2007-2014.
“Desde el 25 de mayo se amplió la denuncia contra todos los empresarios desde que se realizó la supervisión de la obra y ha ingresado como investigado Juan Carlos Morillo Ulloa, actual gobernador de la región por haber sido gerente de Minería y Construcción SAC, parte del consorcio San Bartolo, que obtuvo la buena pro”, enfatizó.
El consorcio empezó a pedir adicionales y adendas por lo que el proyecto pasó a costar más de 36 millones. “Murillo Ulloa ha sido citado el 6 de julio”, acotó.
Posteriormente, David Quiroga Paiva, Gerente Regional de la Oficina de la Contraloría de Áncash, expuso el informe de auditoría del 2015 y manifestó que se encontraron gastos que no tenían nada que ver con el proyecto.“Se presentó expediente técnico sin haber pasado la fase de preinversión y luego se quiso hacer este proceso a través de un organismo internacional en el año 2009, en el que suscribió el contrato”, recalcó.
Además manifestó que si los funcionarios se hubieran ceñido a parámetros técnicos, no se hubiera autorizado el trámite que generó mayores gatos ascendentes con 23 ampliaciones y dejando 1 889 metros de canal sin revestir. “Hay un convenio de resolución parcial, de mutuo acuerdo, porque terminar esos 1889 metros eran considerados gastos onerosos para el consorcio”, sentenció el gerente.
Ante la pregunta del parlamentario Domínguez sobre por qué no se ha incluido al consorcio en el informe, el representante de la Contraloría reiteró que la Contraloría está limitada a encontrar como responsables a los funcionarios públicos. “Como ente fiscalizador trasladamos este informe para que sea ampliado por el Ministerio Público, al ser el titular de la acción penal”, subrayó.
