La Junta de Fiscales Supremos, máxima autoridad del Ministerio Público del Perú, emitió un enérgico pronunciamiento en contra de la reciente promulgación de la Ley 32326, que introduce modificaciones significativas a la ley de extinción de dominio. La institución fiscal considera que esta nueva normativa representa un grave revés para los avances sustanciales alcanzados hasta el momento en la crucial tarea de desarticular las finanzas de las organizaciones criminales.
En un mensaje contundente difundido a través de las plataformas digitales del Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, expresó el categórico rechazo de la Junta a la Ley 32326. La máxima representante del Ministerio Público lamentó profundamente que la norma haya sido aprobada e impulsada por el Poder Ejecutivo sin tomar en consideración las exhaustivas observaciones técnicas y legales presentadas oportunamente por la Fiscalía, así como las recomendaciones formuladas por expertos nacionales e internacionales y diversas instituciones especializadas en la materia.
«Manifestamos nuestro rotundo rechazo hacia la reciente promulgación por el Poder Ejecutivo de la Ley 32326 que modifica la ley de extinción de dominio, afectando de manera seria y preocupante los importantes avances que con esfuerzo y dedicación se habían logrado hasta el momento en esta lucha frontal contra el crimen organizado en sus diversas manifestaciones», enfatizó la fiscal de la Nación.
Espinoza Valenzuela advirtió que la implementación de esta nueva ley no solo obstaculiza la labor del Ministerio Público en la persecución de los activos ilícitos, sino que también contraviene directamente los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en la lucha contra la delincuencia transnacional organizada, citando específicamente las Convenciones de Palermo y Mérida, así como los lineamientos establecidos por las Naciones Unidas en materia de extinción de dominio.
«Esta decisión nos coloca como un país en franco y claro retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada, desvirtuando la reputación, la buena imagen y el reconocimiento internacional que durante años habíamos construido con resultados concretos en la identificación, incautación y recuperación de bienes de origen ilícito», sentenció la titular del Ministerio Público, visiblemente preocupada por las implicaciones de esta reforma legal.
Se espera que en los próximos días la Junta de Fiscales Supremos emita un documento formal y detallado exponiendo los argumentos jurídicos y técnicos que sustentan su profunda preocupación por los efectos negativos de la Ley 32326, así como las posibles acciones legales que podrían emprender para salvaguardar la eficacia de la ley de extinción de dominio como herramienta fundamental en la lucha contra la criminalidad en el país. Diversas voces de la sociedad civil y expertos en derecho penal también han manifestado su inquietud ante esta reforma, sumándose al llamado de atención del Ministerio Público.
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