La fiscal Ángela Zuloaga dijo hoy que el exgerente municipal José Miguel Castro trabajaba a presión y amenazaba a la empresa OAS para conseguir los aportes ilegales destinados a la campaña reeleccionista de Susana Villarán.
Sostuvo que un colaborador eficaz declaró que Castro decía que «si no le pagaban, tenía los medios y recursos para hacerse pagar”.
“Influía miedo para sus requerimientos”, indicó Zuloaga al reiterar su pedido de prisión preventiva por 36 meses para Castro quien, según la tesis fiscal, secundaba a Susana Villarán en el liderazgo de la red criminal que buscaba mantenerla en el poder.
Zuloaga señaló que la empresa OAS entregó, a pedido de Castro, 4 millones de dólares para la campaña a la reelección de Villarán, además de 3 millones de dólares a la campaña contra la revocatoria, a cambio de ser favorecida en la concesión del proyecto Línea Amarilla.
Presión sobre los testigos
Acusó también a Castro de influir en los demás investigados para cambiar su versión o entregar información falsa al Equipo Especial Lava Jato de la fiscalía, a fin de entorpecer las investigaciones.
Mencionó como ejemplo de ello las declaraciones de Villarán a la prensa, quien dijo que mantuvo silencio por lealtad, y el audio donde se escucha cuando le dice a Gabriel Prado que niegue la titularidad de la cuenta en la Banca Privada de Andorra.
Detalló también que Castro le reclamó a Óscar Vidaurreta, de la empresa Ojilvi, por haberlo relacionado con la revocatoria en una comunicación con la fiscalía, cuando nadie había mencionado su nombre.
“Lo llama a una reunión para pedirle también que no lo implique en su testimonio cuando fue citado por la fiscalía, estaba influyendo en un testigo para que informe falsamente al Ministerio Público”, afirmó la representante del Ministerio Público.
La fiscal informó al juez Jorge Chávez, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción, que los pagos solicitados por Castro a Odebrecht (3 millones de dólares para el No a la reelección) y 7 millones a OAS, estaban relacionadas con los proyectos Línea Amarilla y Rutas de Lima.
Sostuvo que la adenda 1 en la Línea Amarrilla, firmada con OAS, y la concesión de Rutas de Lima, suscrita con Odebrecht, se hicieron sin pedir el informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.
Añadió que un exdirectivo de OAS informó a la fiscalía que, al solicitar el dinero, Castro sostuvo que «por el tamaño de la obra era lo que les correspondía pagar».
Para la fiscal, la relación cercana que tenía Castro con Susana Villarán habría facilitado su actuación ilegal en este tema.
Prueba de ello son los hallazgos en el allanamiento de la vivienda de Castro donde se encontró una carta en la cual la exalcaldesa firma “con todo cariño y lealtad” y otra misiva de Villarán en la lo califica como un “leal consejero en los mementos que había que tomar decisiones muy difíciles y complejas”.
Fuente: Agencia Andina
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