El abogado Wilfredo Robles Rivera ha vuelto al centro de la escena política peruana tras gestionar un pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, el cual califica de «arbitraria» la reclusión del expresidente Pedro Castillo y recomienda su excarcelación. La solicitud, tramitada en 2023 con el apoyo de la Red Nacional de Derechos Humanos, ha reactivado la presión hacia el Ejecutivo para otorgar un beneficio presidencial al ex-mandatario.
No obstante, la aparición de Robles ha reavivado los cuestionamientos sobre su historial: la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) registra su detención en 1992 por presuntos nexos con Sendero Luminoso, tras lo cual pasó más de 11 años en prisión antes de vincularse a la defensa legal de procesados por terrorismo y apoyar la inscripción del Movadef.
Atestado policial y antecedentes carcelarios
De acuerdo con los registros de la Dircote, Robles Rivera fue arrestado el 23 de julio de 1992 junto a dos presuntos integrantes de una célula senderista. Al momento de la intervención, plasmada en el atestado policial N.° 169, se les halló en posesión de cargas de dinamita y propaganda de la organización subversiva, identificando al hoy abogado bajo el alias de «camarada Aldo».
Fuentes de inteligencia policial de la época señalan que Robles pertenecía orgánicamente al aparato de propaganda del grupo terrorista.
Tras cumplir una condena de más de una década de reclusión, el letrado se integró al colectivo de los denominados «abogados democráticos» y en 2011 firmó planillones para la inscripción legal del Movadef ante la ONPE.
Posteriormente, ejerció la defensa técnica de diversos procesados en el Caso Perseo, un juicio dirigido contra la cúpula de Sendero Luminoso y sus brazos políticos.
Descargos y postura del defensor legal
En su defensa, Robles Rivera ha admitido su periodo de reclusión, pero sostiene que fue absuelto en un juicio oral debido a la falta de pruebas incriminatorias en su contra. No obstante, ex-miembros del servicio de inteligencia precisan que el proceso penal fue sobreseído, una figura jurídica que no equivale formalmente a una declaración de inocencia.
Asimismo, al ser consultado en medios de comunicación sobre su postura respecto al cabecilla terrorista Abimael Guzmán, el jurista evitó una condena directa y explícita, limitándose a señalar de manera general que rechaza toda afectación a la vida y la libertad, equiparando inmediatamente las acciones senderistas con los crímenes imputados al Estado peruano.
Alcance de la resolución de la ONU y respuesta estatal
La Cancillería de la República emitió un pronunciamiento aclarando que los informes de este grupo de trabajo de las Naciones Unidas no poseen carácter vinculante, no constituyen sentencias internacionales y carecen de efecto directo sobre el ordenamiento jurídico y las resoluciones judiciales internas del país.
Pese a esta precisión, la defensa técnica de Pedro Castillo formalizó una solicitud de gracia presidencial ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El pedido omitió razones humanitarias o de salud, argumentando en su lugar la inexistencia de una sentencia firme y consentida contra el ex-mandatario por el intento de golpe de Estado de diciembre de 2022. Aunque el Ejecutivo ha indicado que la evaluación del indulto se ceñirá estrictamente al marco legal vigente, sectores afines al expresidente ya han convocado a movilizaciones públicas para exigir su liberación inmediata.
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