El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de hábeas corpus interpuesta a favor del expresidente Pedro Castillo Terrones. El recurso constitucional, promovido por su abogado Walter Ayala, busca que se declare la vulneración de su derecho a la libertad individual y se dejen sin efecto las resoluciones judiciales y legislativas emitidas tras su detención.
Esta decisión jurisdiccional se produce en un escenario marcado por la reciente difusión de un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que calificó de arbitraria la reclusión del ex-mandatario; un pronunciamiento que, aunque carece de carácter vinculante, se ha convertido en el eje de la nueva estrategia de la defensa técnica frente a la postura del Ejecutivo, que sostiene que el documento no altera las resoluciones nacionales.
Alcance de la demanda y requerimiento a las instituciones del Estado
El recurso admitido por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima se dirige contra las más altas autoridades del aparato estatal, incluyendo al presidente de la República, el Ministerio de Justicia, la presidencia del Congreso, magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, el juez supremo Juan Carlos Checkley y el Fiscal de la Nación.
De acuerdo con el auto admisorio, tramitado bajo las pautas del Nuevo Código Procesal Constitucional, el juzgado ordenó correr traslado a las procuradurías públicas de cada una de estas instituciones para que presenten sus descargos y la documentación correspondiente en un plazo de tres días hábiles.
La pretensión de la defensa no se limita a cuestionar el mandato de prisión preventiva, sino que apunta a la nulidad de la condena dictada en primera instancia el 4 de diciembre del año pasado —actualmente en etapa de apelación—, así como de la resolución legislativa del Parlamento que declaró la vacancia por incapacidad moral, bajo el argumento de que se vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa del entonces gobernante.
El factor del informe de la ONU en la estrategia de la defensa
Para el equipo legal de Castillo, las conclusiones del órgano de Naciones Unidas, que recomiendan la liberación inmediata y sugieren reparaciones económicas, otorgan un sustento jurídico internacional clave para cuestionar la base legal de su privación de libertad.
El abogado Wilfredo Robles señaló que, si bien el informe es de naturaleza consultiva, representa una exhortación formal que el Estado peruano debería acoger a través de las vías gubernamentales pertinentes para abrir un espacio de revisión de las medidas de coerción personal aplicadas.
Por su parte, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, fijó una posición contraria al precisar que las opiniones de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU no tienen la facultad de modificar, anular o interferir en las decisiones soberanas adoptadas por los tribunales de justicia y el fuero parlamentario peruano, ratificando que la situación jurídica del procesado se mantiene inalterada.
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