Por estos días las noticias nos muestran el drama de muchos provincianos que buscan la manera de retornar a sus pagos. El estado de emergencia y la inmovilización decretada por el Gobierno debido a la crisis sanitaria, los dejó sin trabajo, sin dinero para alimentarse, sin derecho a canastas con alimentos o bonos, con deudas impagables y, para colmo, el dueño del cuartito que habitaban, que sacó sus enseres a la calle. Entonces gran parte de ellos optaron por regresar al terruño que ilusionados abandonaron para llegar la capital en busca de trabajo, colegios y hospitales que no encontraban en sus pueblos.
Y para ello no les importan pernoctar días y noches en las afueras de la misma empresa de buses de servicio interprovincial que los trajo a Lima. Otros, más desesperados, con sus mochilas a cuestas, toman de las manos a sus pequeños hijos y empiezan una caminata por las carreteras que los conducirán de vuelta a sus amigos y familiares. No les interesa la distancia, la fatiga ni el hambre que hará más pesado su equipaje. Sabían que a la larga eso sucedería y lo asumen. “Si bien el retorno a nuestros pueblos es bastante largo, quedarnos sería un camino a la pobreza extrema y a la muerte”, sentencian.
Cuando la noche y el cansancio les avisan que es hora de hacer una pascana, buscan un lugar donde refugiarse. De preferencia buscan los peajes a la espera de un camión que pueda trasladarlos hasta algún tramo que los acerque a su destino.
Algunos grupos se dirigen hacia Huancavelica, Amazonas, Cajamarca, la Selva Central y a San Martín. Entre ellos se detectó a 47 personas afectadas con el corona virus-19. Al conocer los resultados no dudaron en declarar: “Nosotros preferimos morir en nuestros pueblos donde puedan enterrarnos y hasta llorarnos y no en un lugar donde a nadie importamos”, dijeron.
Esta dramática situación que trascendió nuestras fronteras, llevó al presidente Martín Vizcarra, a autorizar para que los peruanos que no están en su lugar de residencia o lugar de trabajo habitual puedan ser trasladados a sus regiones por razones humanitarias de manera excepcional.
Sin embargo esta decisión presidencial solo ha solucionado una parte del problema. La crisis sanitaria, trajo consigo el desempleo de muchas personas, sobre todo de miles de trabajadores independientes, migrantes o no, quienes tampoco tienen sustento para alimentar a su familia ni están registrados para recibir canastas con alimentos o bonos; con deudas que día a día se van acumulando y, para colmo, con el casero del departamento que alquilan, quien amenaza con desalojarlos.
Al respecto Carlos H. Vergaray fue enfático al señalar que “no solo los migrantes también los de la capital no tenemos claro que sucederá en el futuro o hasta donde podremos aguantar porque todo es incierto y las deudas no se pagan solas: Una de dos o nos mata el Covid-19 o nos morimos de hambre en nuestra casa o en la calle?, sentenció.
En ese sentido creemos que el Gobierno debería evaluar, -y encontrar-, la manera de ayudar tanto a los inquilinos como a los arrendatarios. La urgencia es porque este mes muchos inquilinos no van a tener dinero para pagar y algunos arrendatarios los pueden desalojar -cosa que no deberían hacer porque igual, ese inmueble desocupado va a quedar vacío y nadie lo va a alquilar durante unos meses.
Entonces lo más sensato sería que, -aquí entra el Gobierno para avalar un acuerdo-, se mantenga el inquilino y que pasada la crisis vuelva a pagar con un prorrateo razonable para ambas partes.
Eso, además de incluirlos en los programas de ayuda social. Usted tiene la palabra señor Presidente.
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