La congresista Isabel Cortez presentó un proyecto de ley que propone derogar la causal de cese del trabajador por extinción, fusión o absorción de la entidad y que establece como obligatorio en esos casos el desplazamiento del trabajador de los programas de gobierno a otra entidad.
De acuerdo proyecto de ley 11200/2024-CR, el ámbito de aplicación de la iniciativa será para todos los servidores públicos de las entidades del gobierno nacional, así como sus entidades ejecutoras y afines.
En ese sentido, dispone modificar el DL 1057, para disponer que, en caso de extinción de la entidad contratante,el trabajador bajo la modalidad CAS deberá ser desplazado a una entidad donde exista funciones similares, previa capacitación por un periodo de tres meses.
Asimismo, dice que si la entidad contratante se fusiona o entra en reorganización, el trabajador será asumido por la nueva institución que asuma las funcione, previa capacitación por tres meses.
“En ningún caso el proceso de fusión por absorción, extinción, reorganización o algún proceso que tenga por finalidad el cese de las actividades de la entidad, afectará el derecho del trabajador, debiendo abonársele la remuneración, así como todos los derechos laborales hasta la designación definitiva en la entidad donde asuma sus funciones”, indica el proyecto de ley.
También plantea la reincorporación de los trabajadores cesados por causal presupuestaria o por causal de extinción de la entidad, en una plaza similar a la desempeñada en el régimen general laboral aplicable a la entidad.
El trabajador cesado por casual presupuestaria o de extinción, deberá presentar su solicitud de reincorporación y ser reincorporado en un plano no mayor de 90 días.
La congresista Isabel Cortezprecisa que la norma busca darle al trabajador una protección adecuada contra el despido arbitrario.
Señala que los contratos CAS son de carácter indefinido, por lo que el despido solo puede darse por causa justa, debidamente comprobada en un proceso administrativo disciplinario, razón por la cual no podrían ser desvinculados de los 14 programas que serán extinguidos por el Ejecutivo.
La extinción de dichos programas, según señala la iniciativa, representa una inminente amenaza de pérdida del empleo de los trabajadores y una vulneración de sus derechos constitucionales.
Fuente: Agencia Andina
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