La Comisión de Justicia da el primer paso para revertir el paquete de reformas cuestionadas y fortalecer la persecución del crimen organizado.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados dio luz verde a dos dictámenes dirigidos a anular modificaciones legales promulgadas por el parlamento anterior, las cuales habían sido severamente cuestionadas por diversos especialistas por flexibilizar la persecución penal y frenar la incautación de activos ilícitos.
Reversión de plazos de prescripción penal
El primer dictamen aprobado plantea la anulación de la Ley 31751, conocida como ‘Ley Soto’, la cual redujo a solo doce meses el plazo límite de suspensión de la prescripción de la acción penal. Esta figura permitía que múltiples procesos por delitos graves prescribieran en plazos sustancialmente menores a los estipulados originalmente en el marco legal.
La propuesta legislativa busca reponer el criterio fijado por la Corte Suprema mediante acuerdo plenario, donde la suspensión de la prescripción equivale al plazo ordinario más la mitad de este. Asimismo, se contempla la derogatoria de la Ley 32104, norma que imponía restricciones a los magistrados respecto a la inaplicabilidad de la mencionada prescripción acortada.
Restablecimiento de la extinción de dominio autónoma
En segundo término, la comisión parlamentaria aprobó restituir el carácter autónomo e independiente de los procesos de extinción de dominio. La reforma busca dejar sin efecto la Ley 32326, norma que condicionaba la incautación de bienes de procedencia ilícita a la existencia de un fallo penal firme previo.
Con la nueva redacción, las demandas de extinción de dominio no dependerán de sentencias en la vía penal, civil o arbitral, asegurando que el Estado pueda actuar de forma paralela para recuperar activos de origen sospechoso. Únicamente se precisa un mecanismo especial de revisión en aquellos casos donde la persona afectada obtenga una absolución definitiva en la fuero penal.
Revisión continua del marco legal en materia penal
Estos dictámenes, que deberán ser debatidos en el Pleno de la Cámara de Diputados antes de su elevación al Senado, se suman a las iniciativas aprobadas días atrás para derogar la Ley 32130, que devuelve la dirección de las investigaciones preliminares al Ministerio Público, y la Ley 32735, orientada a delimitar la competencia de la justicia militar policial en delitos de función.
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