Por mayoría, la Comisión de Constitución aprobó el dictamen del proyecto de ley que permitirá que los ciudadanos nacidos en una circunscripción territorial del país, aunque no residan en ella, puedan postular al cargo de gobernador o vicegobernador en las próximas elecciones regionales.
La iniciativa modifica el artículo 13 de la Ley de Elecciones Regionales 27683, pero se trata como lo hizo ver la presidenta de la comisión Úrsula Letona-de restituir el fin de la norma. En 2009, la Ley 29470 estableció como requisito la residencia efectiva, pero no modificó el artículo 13 de la referida ley.
La iniciativa de la bancada de Fuerza Popular restituye las facultades a aquellas personas nacidas en provincias que por razones de trabajo o de estudios tuvieron que dejar su lugar de origen.
En el breve debate, el congresista Miguel Torres dijo que la modificación era buena, que se trataba de una deuda para aquellos ciudadanos del interior del país que han mirado a la capital como una etapa de superación y de profesionalización, pero que anhelan retornar a su lugar de origen. Se trata, afirmó, de una reivindicación.
Marisa Glave, por su parte, reiteró que esta iniciativa, como otras, debería tratarse y debatirse dentro de una reforma electoral íntegra. Otros congresistas, sin embargo, opinaron a favor. La iniciativa se aprobó con diez votos. Hubo un voto en contra y una abstención.
A continuación, la comisión –en su sesión del martes 17- aprobó también el proyecto de ley que eleva a 40% la valla electoral (votos válidos) para la elección de gobernador y vicegobernador regional. La iniciativa modifica el artículo 3 de la Ley de Elecciones Regionales.
En el debate, Marisa Glave insistió en que este proyecto no debió haberse visto en forma aislada de las demás propuestas de reforma electoral y dijo que se trataba de un número arbitrario. Por qué no 35% o 50% como las elecciones generales, preguntó. Dijo que muchos gobiernos regionales carecen hoy de legitimidad. Ninguno de los gobernadores actuales ha ganado con un 40% de los votos. Remarcó que no era urgente su debate.
Lourdes Alcorta, por su parte, destacó el beneficio de la norma, más que el costo, aunque una valla electoral del 40% (actualmente es de 30%) llevará a una segunda vuelta para la elección de gobernador; mientras que el congresista Mauricio Mulder comentó que había un divorcio entre el elegido y el elector que desnaturaliza la política. Afirmó que era importante acometer iniciativas como la que estaba en debate porque se busca tener más representatividad.
Vicente Zeballos, por su parte, dijo que los problemas no se resolvían elevando la valla ni la informalidad electoral. Preguntó si elevar la valla significará que habrá menos candidatos. No encontraba justificación para aprobarla. Pidió que revise con mayor profundidad. Una posición similar tuvo Gilbert Violeta, quien afirmó que la propuesta no resolvía el tema de representatividad y que había que dar gobernabilidad a los representantes. La respuesta no está en la legitimidad del origen de los candidatos, sino en el servicio a sus regiones, agregó.
Alberto Quintanilla, a su vez, comentó que se debería discutir la búsqueda de gobernabilidad, no solo de legitimidad. Opinó que se mantenga el porcentaje actual. Reymundo Lapa propuso también que se mantenga el 30% porque es difícil elevarla a más cuando hay muchas organizaciones inscritas en cada proceso electoral.
Por su parte Gilmer Trujillo y Héctor Becerril opinaron a favor porque con un 40% hay mayor legitimidad en la elección y es posible llegar a acuerdos y consensos, dijo éste último. El proyecto se aprobó con 8 votos, 3 votaron en contra.
Inicialmente, la comisión rechazó con diez votos la iniciativa que presentó el congresista Alberto Quintanilla de reforma constitucional de los artículos 20 y 42 de la Carta Política, referente a los derechos de petición colectiva y el derecho a la sindicalización de los miembros de la Policía Nacional.
El parlamentario dijo que los sindicatos son una forma de canalizar los reclamos, tal como existe en Chile y República Dominicana; mientras que Marisa Glave opinó que los sindicatos pueden ayudar a la solución de los conflictos que hubiera en la fuerza policial.
Por su parte, tanto la congresista Alcorta como Becerril expresaron su desacuerdo y votaron en contra porque, dijeron, la PNP tiene su propio reglamento, se trata de un tema complejo y que de aprobarse se llegaría a una situación muy complicada.
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