En los próximos días la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional emitirá el fallo por el juicio en contra de los autores materiales del asesinato de la defensora de derechos humanos y lideresa lenca Berta Cáceres Flores. Así, este miércoles, una delegación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) llegó a Honduras para continuar el acompañamiento a la familia de Berta Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en su exigencia por verdad y justicia.
“Desde CEJIL nos mantendremos vigilantes del proceso en su última etapa; y continuaremos denunciando las graves irregularidades que el Ministerio Público y el Tribunal a cargo del caso han cometido en este proceso. Entre ellas: la falta de acceso completo a información, la exclusión arbitraria de las víctimas, la falta de publicidad de las audiencias, entre muchos otros”, sostuvo Karina Sánchez, oficial de incidencia de la organización, y participante de la Misión de Observación Calificada que ha dado seguimiento al proceso.
El juicio, que inició el 19 de octubre a pesar de que el Tribunal a cargo del caso tenía una solicitud de recusación vigente, ha juzgado únicamente a los autores materiales del asesinato y algunos cómplices. Por su parte, tan solo David Castillo, gerente de la empresa DESA, ha sido capturado por la autoría intelectual del crimen, mientras que el resto de las personas que participaron en la estructura criminal que planificó y financió el asesinato de la lideresa no han sido ni siquiera entrevistadas.
“La decisión que tome el tribunal será parcializada e incompleta, porque sólo los eslabones más bajos de la estructura criminal podrían ser condenados. El cierre de esta etapa del proceso no representa una justicia integral. La sentencia que se logre será insuficiente y será solo un primer paso en esta causa, porque ni la familia ni el COPINH ni las organizaciones que hemos apoyado su lucha vamos a cesar en nuestra demanda de justicia para Berta Cáceres”, aseguró Marcia Aguiluz Soto, directora de CEJIL para Centroamérica y México.
CEJIL inició su acompañamiento a Berta Cáceres en 2009, cuando, en conjunto con la defensora, solicitaron medidas de protección especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El órgano recogió la inminencia de riesgo en que se encontraba Berta, expuesta a amenazas y actos de criminalización, atribuibles a su rol como defensora de derechos humanos y de la tierra. Tras el asesinato de la lideresa lenca, en marzo de 2016, la CIDH extendió las medidas a sus familiares y al COPINH.
En 2017, el informe “Represa de Violencia. El plan que asesinó a Berta Cáceres” del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) expuso a la estructura criminal detrás del asesinato de la defensora y los ataques sistemáticos al COPINH. No obstante, en este primer juicio, el Tribunal se negó a aceptar prueba que daba cuenta de la planificación del crimen y el Ministerio Público ha negado el acceso a la información en al menos 35 ocasiones, violentando el derecho de la familia y el COPINH a conocer la verdad.
“Desde CEJIL exigimos que el Estado de Honduras rectifique sus acciones y proceda de inmediato a la identificación, detención, juzgamiento y sanción de los otros autores intelectuales vinculados con el asesinato y con los múltiples actos de agresión contra el COPINH. Solo así se podrá garantizar a las víctimas y a la sociedad hondureña verdad, justicia y reparación”, concluyó Marcia Aguiluz Soto.
(Fuente: Nodal)
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