La DRELM solicita la intervención de la Contraloría y dispone acciones legales ante el Ministerio Público para determinar responsabilidades administrativas y penales.
Una inspección inopinada ejecutada el sábado 1 y domingo 2 de agosto de 2026 por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) al descubierto una masiva retención de recursos pedagógicos e insumos públicos en los depósitos de las siete Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de la capital.
El director regional del sector, Cornelio Gonzales, reportó el hallazgo de más de 30,000 textos escolares, 100 monitores de computadora y 50 máquinas industriales en condición de almacenamiento prolongado, además de uniformes, calzado, material didáctico y artículos de limpieza que debieron ser distribuidos oportunamente a las instituciones educativas públicas para el periodo lectivo.
El recorrido técnico evidenció severas deficiencias en los procesos logísticos y administrativos de las sedes operativas, hallándose bienes inmovilizados desde años anteriores que corren riesgo de deterioro. Entre las contingencias más graves, en la UGEL 03 se identificó el acopio de sustancias inflamables —como ácido muriático y aerosoles— sin protocolos de seguridad, mientras que en la UGEL 02 se detectaron lotes de tecnología e impresos bloqueados por trabas administrativas y deudas pendientes con proveedores del Estado. Frente a ello, la DRELM dispuso la elaboración de un inventario integral para determinar el estado de conservación de los bienes y gestionar su inmediata liberación.
Intervención del Órgano de Control e inicio de acciones penales
Ante la magnitud de las irregularidades detectadas en la custodia de la propiedad pública, la DRELM solicitó la intervención formal del Órgano de Control Institucional de la Contraloría General de la República para la apertura de auditorías de cumplimiento dirigidas a determinar responsabilidades administrativas. Las autoridades del sector buscan transparentar la cadena de custodia e identificar las omisiones funcionales que impidieron la entrega puntual de los materiales financiados con el erario nacional.
Paralelamente, Cornelio Gonzales confirmó que la entidad iniciará acciones legales administrativas e impulsará las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público contra los funcionarios responsables de la recepción, almacenamiento y distribución de los insumos. La fiscalización penal buscará sancionar la negligencia en la gestión de recursos públicos y determinar el perjuicio económico causado por la pérdida o menoscabo de los materiales retenidos.
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