La Asociación Okinawense del Perú (AOP) denunció a la Municipalidad Distrital de Ate por el cierre provisional de su local institucional y el bloqueo de acceso a sus instalaciones ubicadas en la avenida Asturias. La dirigencia de la organización califica estas medidas administrativas de arbitrarias e injustificadas, señalando que responden a una represalia institucional tras la cancelación definitiva de una obra vial impulsada por el municipio sobre los predios privados de la entidad nikkei.
El origen de la controversia data del 26 de marzo de 2026, cuando trabajadores municipales demolieron el cerco perimetral de la AOP —el cual albergaba representaciones artísticas de la comunidad— e invadieron parte del terreno.
Posterior a este evento, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declaró la inviabilidad y la desactivación del proyecto de inversión en la zona al comprobarse que afectaba propiedad privada sin el sustento legal y técnico pertinente. A pesar de dicha disposición, el alcalde distrital Franco Vidal Morales intentó realizar el acto de colocación de la primera piedra el 11 de julio de 2026, diligencia que fue frenada por la directiva tras exhibir las resoluciones del MEF.
Frente a esta situación, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) emitió la Resolución de Gerencia N° D000037-2026-MML-GMM el 16 de julio de 2026, retirándole las competencias de intervención sobre la avenida Asturias a la administración distrital de Ate.
Acciones de clausura, impacto institucional e intervención en el fuero político
La escalada del conflicto administrativo se acentuó con la inspección y posterior clausura provisional del inmueble por parte del municipio de Ate el 24 de julio de 2026. Pese a que la AOP argumenta que las observaciones técnicas formuladas correspondían a faltas menores de rápida subsanación, agentes de Serenazgo prohibieron el ingreso del personal directivo a las instalaciones el 1 de agosto de 2026.
Representantes de la asociación —entidad con 116 años de trayectoria en el Perú que congrega a cerca del 70% de la colectividad peruano-japonesa— manifestaron que esta medida afecta directamente el desarrollo de actividades culturales y educativas en beneficio de la comunidad.
Frente a la restricción del libre tránsito y la presunta afectación al derecho de propiedad, la directiva de la AOP anunció la interposición de acciones legales contra los funcionarios distritales por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.
En el ámbito parlamentario, la senadora Patricia Juárez solicitó la conformación de una mesa de trabajo con el objetivo de mediar en el conflicto, mientras la asociación exige el cese de los condicionamientos administrativos y la restitución inmediata del control del predio.
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