Del robo de celulares al fraude cibernético: cómo el crimen informático se ha convertido en una de las mayores amenazas para los peruanos.
Por décadas, los delincuentes necesitaban acercarse físicamente a sus víctimas para robar dinero, documentos o pertenencias. Hoy esa realidad cambió. Basta un mensaje de texto, una llamada telefónica, un enlace falso o una aplicación instalada sin sospechar para que una persona pierda los ahorros de toda una vida. En el Perú, el ciberdelito dejó de ser un problema exclusivo de expertos en informática y pasó a formar parte de la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
Hace apenas algunos años, escuchar sobre hackers parecía algo reservado para películas de Hollywood o grandes empresas internacionales. Sin embargo, esa percepción cambió rápidamente. En la actualidad, cualquier peruano con un teléfono celular, una cuenta bancaria, redes sociales o acceso a Internet puede convertirse en objetivo de organizaciones criminales especializadas en delitos informáticos.
El crecimiento del acceso a Internet, el uso masivo de aplicaciones bancarias, billeteras digitales como Yape y Plin, el comercio electrónico y la digitalización de múltiples servicios públicos han facilitado la vida de millones de personas. Pero, al mismo tiempo, también han abierto nuevas oportunidades para delincuentes que operan desde cualquier lugar del mundo sin necesidad de portar un arma o acercarse físicamente a sus víctimas.
Lo más preocupante es que muchas personas continúan creyendo que jamás serán víctimas porque consideran que no manejan grandes cantidades de dinero o porque creen que los ciberdelincuentes únicamente atacan a grandes empresas. La realidad demuestra exactamente lo contrario. Los delincuentes buscan aprovechar cualquier descuido, sin importar el monto disponible en una cuenta bancaria o el nivel socioeconómico de la víctima.
Hoy el teléfono celular concentra prácticamente toda la vida digital de una persona. Allí se almacenan fotografías familiares, conversaciones privadas, documentos laborales, cuentas bancarias, aplicaciones de pago, correos electrónicos, certificados digitales e incluso información médica. Cuando un delincuente logra acceder a ese dispositivo, puede abrir la puerta a múltiples delitos simultáneamente.
Un problema que crece silenciosamente
Mientras la población se acostumbraba a realizar cada vez más actividades por Internet, el crimen organizado también evolucionó. Los delincuentes ya no solo roban billeteras o celulares para venderlos en el mercado negro. Ahora buscan la información contenida en esos equipos.
Especialistas en ciberseguridad coinciden en que el dato personal se convirtió en uno de los activos más valiosos para las organizaciones criminales. Un número de documento, una contraseña, un código enviado por mensaje de texto o incluso una fotografía pueden servir para cometer fraudes económicos, extorsiones o suplantaciones de identidad.
El Perú no ha sido ajeno a esta transformación. En los últimos años las denuncias por delitos informáticos crecieron de manera sostenida, impulsadas principalmente por el aumento del fraude informático, la suplantación de identidad, el acceso ilícito a sistemas, la clonación de tarjetas, el robo de cuentas bancarias y las estafas mediante redes sociales.
Según cifras difundidas por especialistas y entidades públicas, durante 2025 se registraron más de 36 mil denuncias relacionadas con delitos informáticos, siendo el fraude informático la modalidad predominante.
Esta cifra probablemente representa solo una parte del problema. Diversos especialistas consideran que existe una enorme cifra negra debido a que muchas víctimas nunca denuncian por vergüenza, desconocimiento o porque consideran que el dinero perdido ya no podrá recuperarse.
Un celular robado ya no vale por el equipo, sino por la información que contiene
Durante muchos años, el robo de celulares estuvo asociado únicamente al valor comercial del equipo. Sin embargo, en los últimos años y especialmente durante el 2026, los delincuentes han cambiado su objetivo: el verdadero negocio ya no está en el dispositivo, sino en la información que contiene.
Un teléfono inteligente puede almacenar una gran cantidad de datos personales y financieros, entre ellos:
- Aplicaciones bancarias abiertas.
- Billeteras digitales.
- Fotografías de documentos.
- Claves almacenadas.
- Acceso automático al correo electrónico.
- Conversaciones privadas.
- Contactos familiares.
- Códigos de autenticación.
Si el propietario no bloquea rápidamente el equipo, el delincuente puede intentar acceder a cuentas bancarias, cambiar contraseñas, solicitar créditos digitales o incluso suplantar la identidad de la víctima para engañar a familiares y amigos.
Frente a esta amenaza, el Estado peruano ha reforzado los mecanismos de consulta y control del registro nacional de equipos móviles. Durante 2025, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial realizaron más de 700 mil consultas al sistema especializado administrado por OSIPTEL para verificar información relacionada con equipos y líneas telefónicas vinculadas a investigaciones criminales. La mayor parte de estas consultas fue realizada por la Policía Nacional.
En lo que va del 2026, la evidencia digital obtenida desde teléfonos celulares continúa siendo una pieza clave para investigar delitos como estafas, extorsiones, suplantaciones de identidad y otras modalidades de ciberdelincuencia. Detrás de cada consulta existe una realidad: un celular robado puede convertirse en una puerta de acceso a la vida digital de una persona.
La evolución del delincuente en la era digital
Hace algunos años, los ciberdelincuentes se limitaban a enviar correos electrónicos mal redactados que prometían premios inexistentes o alertaban sobre supuestos problemas bancarios. Hoy, el panorama ha cambiado por completo. Las organizaciones criminales emplean técnicas cada vez más sofisticadas y personalizadas para engañar a sus víctimas.
Antes de lanzar un ataque, muchas bandas recopilan información a través de las redes sociales y otras fuentes públicas. Investigan dónde trabaja la persona, quiénes integran su entorno familiar, qué entidades financieras utiliza e incluso cuáles son sus hábitos cotidianos. Con esos datos elaboran mensajes tan convincentes que, a simple vista, resultan prácticamente indistinguibles de una comunicación legítima.
No es extraño recibir un mensaje que aparenta provenir de un banco solicitando actualizar datos de seguridad, de una empresa de mensajería informando sobre un paquete retenido o de una institución pública notificando una supuesta multa. También abundan las falsas campañas de vacunación, promociones de supermercados y sorteos inexistentes. Aunque cambie el pretexto, el objetivo siempre es el mismo: lograr que la víctima entregue voluntariamente información confidencial o acceda a un enlace malicioso.
En el ámbito de la ciberseguridad, esta estrategia se conoce como ingeniería social. A diferencia de los ataques que buscan vulnerar complejos sistemas informáticos, esta técnica apunta directamente al eslabón más vulnerable de cualquier organización: el ser humano. Los delincuentes saben que una persona cansada, distraída, preocupada o bajo presión tiene muchas más probabilidades de cometer un error.
Por eso recurren a mensajes que generan urgencia y apelan al miedo o a la curiosidad:
- «Su cuenta será bloqueada.»
- «Tiene una transferencia pendiente.»
- «Ha ganado un premio.»
- «Su paquete será devuelto.»
Bastan unos segundos de descuido para que la víctima haga clic en el enlace, descargue un archivo o proporcione sus datos. Es en ese preciso instante que el ataque ya está en marcha.
El fraude ya no necesita violencia
Uno de los aspectos más alarmantes del ciberdelito es que muchas víctimas descubren el fraude cuando ya es demasiado tarde.
- No hay disparos.
- No existe un enfrentamiento.
- No ven al delincuente.
De un momento a otro, reciben una notificación informándoles que su cuenta bancaria fue vaciada o descubren que alguien solicitó un préstamo utilizando su identidad. En muchos casos, las víctimas continúan usando su teléfono con total normalidad, sin imaginar que los delincuentes están operando desde otra ciudad o incluso desde otro país.
El impacto de estos ataques no es solo económico. También deja profundas consecuencias psicológicas. Muchas personas sienten culpa por haber caído en el engaño, mientras que otras desarrollan una desconfianza permanente hacia cualquier llamada, correo electrónico o mensaje recibido por medios digitales.
Los adultos mayores constituyen uno de los grupos más vulnerables frente a este tipo de delitos. Con frecuencia reciben llamadas de supuestos trabajadores de entidades bancarias que, con un tono cordial y profesional, solicitan verificar datos personales o códigos de seguridad. La combinación de un lenguaje convincente y el uso de información real genera confianza en la víctima.
Cuando la llamada termina, el fraude ya se ha consumado. Y, en cuestión de minutos, el dinero desaparece.
La Policía Nacional del Perú frente al nuevo desafío del crimen digital
Frente al crecimiento de los delitos informáticos, la Policía Nacional del Perú ha fortalecido de manera progresiva sus capacidades de investigación digital. Una de sus principales unidades especializadas es la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT), encargada de combatir las modalidades de ciberdelincuencia que afectan tanto a ciudadanos como a instituciones públicas y privadas.
Entre los casos que investiga esta división se encuentran el fraude informático, el acceso ilícito a sistemas, la explotación sexual infantil en Internet, la suplantación de identidad, las estafas electrónicas, los ataques contra sistemas informáticos, los delitos cometidos a través de redes sociales y las operaciones de organizaciones dedicadas a la ciberdelincuencia.
A diferencia de una investigación criminal convencional, donde predominan las evidencias físicas, en el ámbito digital los especialistas deben reconstruir grandes volúmenes de información electrónica para identificar a los responsables. Para ello analizan teléfonos móviles, computadoras, discos duros, servidores, correos electrónicos, registros de conexión, direcciones IP, metadatos de fotografías y archivos almacenados en servicios de nube.
Cada uno de estos elementos puede convertirse en una pieza clave para reconstruir los hechos, identificar a los autores y obtener pruebas válidas para un proceso judicial. Por ello, la investigación de los delitos informáticos exige conocimientos altamente especializados y el uso de herramientas tecnológicas de última generación.
Un desafío para la justicia y la seguridad del país
La investigación del ciberdelito no concluye con la identificación de los responsables. Tras el trabajo de la Policía Nacional, fiscales y jueces especializados deben analizar complejas evidencias digitales para sustentar los procesos judiciales. En los últimos años, el Ministerio Público ha fortalecido sus capacidades y obtenido un mayor número de sentencias por delitos informáticos, aunque el crecimiento de esta modalidad criminal continúa superando la capacidad de respuesta del sistema.
Uno de los principales retos es la escasez de especialistas y la complejidad de las investigaciones. Muchos casos requieren cooperación internacional, análisis forense de dispositivos, rastreo de operaciones digitales y la preservación de evidencia electrónica, procedimientos que pueden prolongarse durante meses antes de llegar a juicio.
El impacto del ciberdelito va mucho más allá del dinero robado. Empresas, bancos y entidades públicas destinan millones de soles para reforzar sus sistemas de seguridad, mientras que miles de víctimas enfrentan pérdidas económicas, robo de identidad, trámites para recuperar sus cuentas e incluso el cierre de sus negocios.
Por ello, la ciberseguridad ha dejado de ser un tema exclusivamente tecnológico para convertirse en un asunto estratégico de seguridad nacional. Proteger la información, fortalecer las instituciones y promover una cultura de prevención son hoy pilares fundamentales para preservar la confianza de los ciudadanos y el desarrollo de la economía digital.
El phishing: la estafa que sigue atrapando a miles de peruanos
Entre las múltiples modalidades de ciberdelito, el phishing continúa siendo una de las más peligrosas y efectivas. Su éxito no depende de vulnerar complejos sistemas informáticos, sino de engañar a las personas mediante mensajes que aparentan ser completamente legítimos.
El fraude suele comenzar con un correo electrónico, un mensaje de texto o una notificación que parece provenir de un banco, una empresa de telefonía, una entidad pública o una reconocida tienda comercial. Con frases como «Su cuenta ha sido bloqueada por seguridad», «Detectamos un acceso inusual» o «Debe actualizar sus datos de inmediato», los delincuentes buscan generar preocupación y presionar a la víctima para que actúe sin verificar la información.
Al hacer clic en el enlace, la persona es dirigida a una página casi idéntica a la oficial, donde ingresa su usuario, contraseña, códigos de verificación o datos bancarios creyendo que se encuentra en un sitio seguro. Sin saberlo, toda esa información queda en manos de los ciberdelincuentes, quienes pueden acceder a las cuentas, cambiar credenciales y realizar transferencias fraudulentas en cuestión de minutos.
Lo más preocupante es que estas páginas falsas son cada vez más difíciles de detectar. Reproducen con gran precisión logotipos, colores corporativos, certificados de seguridad e incluso direcciones web muy similares a las originales, haciendo que el engaño resulte prácticamente imperceptible para un usuario común.
El robo de cuentas de WhatsApp
El secuestro de cuentas de WhatsApp se ha convertido en una de las modalidades de fraude digital con mayor crecimiento en los últimos años. Su principal arma no es un sofisticado programa informático, sino la manipulación de la víctima para obtener el código de verificación que permite tomar el control de la cuenta.
El engaño suele comenzar con una llamada o un mensaje aparentemente inofensivo. Los delincuentes aseguran que enviaron un código por error o inventan cualquier pretexto para convencer a la persona de compartirlo. Con ese único dato registran la cuenta en otro dispositivo y el verdadero propietario pierde el acceso de forma inmediata.
Una vez dentro, los estafadores se hacen pasar por la víctima y envían mensajes a familiares, amigos y compañeros de trabajo solicitando dinero con carácter de urgencia. Al provenir de un contacto de confianza, muchas personas realizan transferencias sin sospechar que están siendo víctimas de una estafa. En cuestión de minutos, los delincuentes pueden obtener miles de soles y, en la mayoría de los casos, recuperar ese dinero resulta extremadamente difícil.
Yape y Plin: cuando la rapidez también puede ser aprovechada por delincuentes
Las billeteras digitales han transformado la forma en que millones de peruanos envían y reciben dinero. Aplicaciones como Yape y Plin, las más utilizadas en el país, permiten realizar transferencias en cuestión de segundos, impulsando la inclusión financiera y facilitando las operaciones diarias. Sin embargo, esa misma rapidez también ha sido aprovechada por los ciberdelincuentes para desarrollar nuevas modalidades de fraude.
Una de las estafas más frecuentes consiste en el envío de comprobantes de pago falsificados. El vendedor recibe una imagen que aparenta ser auténtica, entrega el producto y solo después descubre que el dinero nunca fue abonado a su cuenta. En otros casos, los delincuentes crean perfiles falsos para realizar supuestas compras por Internet y, con el pretexto de concretar el pago, envían enlaces maliciosos o intentan obtener códigos de verificación de la víctima.
Otra modalidad consiste en convencer a la persona de instalar aplicaciones de acceso remoto bajo el argumento de solucionar un problema técnico o completar una operación. Una vez concedidos los permisos, los estafadores pueden observar en tiempo real todo lo que ocurre en el dispositivo: contraseñas, operaciones bancarias, mensajes y otra información confidencial. En pocos minutos, el teléfono deja de ser una herramienta de comunicación para convertirse en una puerta abierta al fraude digital.
El peligro del SIM Swapping
Aunque es una de las modalidades menos conocidas, el SIM Swapping representa una de las amenazas más peligrosas en el mundo del ciberdelito. El objetivo de esta técnica es tomar el control del número telefónico de la víctima, una herramienta clave para acceder a cuentas bancarias, redes sociales y otros servicios digitales.
Para lograrlo, los delincuentes recopilan previamente información personal obtenida de redes sociales, filtraciones de bases de datos o documentos robados. Con esos datos suplantan la identidad de la víctima ante la empresa operadora y consiguen que el número sea transferido a un nuevo chip. En ese momento, el teléfono original pierde la señal, mientras el criminal comienza a recibir todas las llamadas y mensajes SMS dirigidos al verdadero propietario.
Si las entidades financieras utilizan códigos de verificación enviados por mensaje de texto para autorizar operaciones, los delincuentes pueden interceptarlos y acceder a las cuentas en cuestión de minutos. Aunque en el Perú los bancos y las empresas de telecomunicaciones han reforzado sus mecanismos de seguridad, el riesgo persiste, por lo que proteger la información personal y desconfiar de solicitudes inusuales sigue siendo la mejor defensa frente a esta modalidad de fraude.
Inteligencia artificial: una nueva herramienta en manos del ciberdelito
La inteligencia artificial se ha convertido en una de las tecnologías más transformadoras de los últimos años, pero su avance también ha abierto nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes. Herramientas capaces de generar imágenes, voces y videos realistas ahora son utilizadas para perfeccionar engaños y hacer que las estafas sean cada vez más difíciles de detectar.
Uno de los métodos más preocupantes es la clonación de voz. Con apenas unos segundos de grabación, los delincuentes pueden imitar la voz de una persona y llamar a familiares simulando una emergencia para solicitar dinero de manera urgente. También se han registrado videos manipulados en los que aparentan aparecer personas conocidas promocionando inversiones falsas o servicios inexistentes.
El mercado ilegal de datos: la nueva amenaza para la privacidad digital
Cada vez que una persona realiza una compra en Internet, completa un formulario o crea una cuenta en una plataforma digital, deja una huella de información personal. Nombres, direcciones, números telefónicos, correos electrónicos, documentos de identidad y fechas de nacimiento forman parte de un enorme volumen de datos que puede convertirse en objetivo de los ciberdelincuentes.
En muchos casos, esta información queda expuesta tras ataques informáticos contra empresas o plataformas digitales. Posteriormente, los datos pueden terminar en mercados clandestinos donde son vendidos a otras organizaciones criminales para cometer distintos tipos de fraude.
La información personal tiene un alto valor para los delincuentes porque permite realizar operaciones fraudulentas, solicitar créditos a nombre de terceros, ejecutar campañas masivas de estafa, suplantar identidades e incluso utilizar esos datos para extorsiones. Mientras más completa sea la información obtenida, mayor es su valor dentro del mercado ilegal.
Por ello, proteger los datos personales se ha convertido en una de las principales tareas de la seguridad digital. Una contraseña, un documento o un número telefónico pueden parecer simples datos aislados, pero en manos equivocadas pueden convertirse en la llave para cometer delitos de gran impacto.
Ciberdelincuencia sin fronteras: cuando el atacante está en otro país
Uno de los mayores desafíos para combatir el ciberdelito es que muchas investigaciones ya no tienen límites geográficos. Una víctima puede encontrarse en Lima, mientras que los servidores utilizados para ejecutar el ataque están ubicados en otro continente, las páginas fraudulentas son administradas desde otro país y el dinero termina en cuentas bancarias extranjeras.
Esta realidad convierte al ciberdelito en una amenaza global que exige una respuesta coordinada. Las autoridades peruanas deben trabajar junto a policías, fiscalías, organismos internacionales y empresas tecnológicas para rastrear operaciones, preservar evidencia digital e identificar a los responsables.
En muchos casos, el avance de una investigación depende de la cooperación de plataformas digitales que almacenan millones de datos de usuarios. Obtener esa información, especialmente cuando se encuentra fuera del país, puede convertirse en un proceso complejo y prolongado para las autoridades.
Redes sociales: el escenario favorito de las estafas
Las redes sociales dejaron de ser únicamente espacios de interacción y entretenimiento para convertirse también en un nuevo campo de acción para los ciberdelincuentes. Plataformas como Facebook, Instagram y TikTok son utilizadas para difundir falsas ofertas laborales, supuestas inversiones con ganancias extraordinarias, ventas de vehículos inexistentes, alquileres fraudulentos, entradas falsas para eventos y promociones engañosas.
Para generar confianza, los delincuentes suelen utilizar fotografías, comentarios positivos y perfiles aparentemente reales. Incluso recurren a cuentas previamente robadas para dar mayor credibilidad a sus publicaciones y convencer a sus víctimas.
El engaño suele concretarse cuando la persona realiza un primer depósito o adelanto. Después de recibir el dinero, el supuesto vendedor deja de responder, elimina la publicación o desaparece por completo, dejando a la víctima sin el producto prometido y con pocas posibilidades de recuperar lo perdido.
El factor humano: ¿Por qué las estafas digitales siguen funcionando?
La respuesta no está relacionada con la inteligencia ni con la experiencia. Cualquier persona puede convertirse en víctima, porque los ciberdelincuentes perfeccionan constantemente sus métodos y utilizan técnicas diseñadas para generar confianza, miedo o sensación de urgencia.
Los criminales aprovechan momentos de alto interés público para lanzar campañas fraudulentas. Devoluciones de impuestos, elecciones, bonos estatales, eventos deportivos o festividades se convierten en oportunidades para crear mensajes falsos que buscan captar la atención de miles de usuarios.
Mientras mayor sea la preocupación o el interés de la población por un determinado tema, mayores son las posibilidades de que aparezcan estafas relacionadas. Por ello, especialistas advierten que la educación digital, la verificación de la información y la prevención son las principales herramientas para reducir el impacto del ciberdelito.
El desafío final: educar antes de convertirse en víctima
Cada nuevo caso de ciberdelito confirma una realidad: la tecnología por sí sola no puede detener estas amenazas. Incluso los sistemas de seguridad más avanzados pueden quedar expuestos cuando una persona entrega voluntariamente sus datos, contraseñas o códigos de acceso.
Por ello, especialistas sostienen que la alfabetización digital debe convertirse en una prioridad desde las aulas. Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores necesitan conocer cómo operan los nuevos métodos de engaño y aprender a tomar decisiones seguras frente a los riesgos de Internet.
La prevención siempre será menos costosa que enfrentar las consecuencias de un fraude. La seguridad informática ya no es una responsabilidad exclusiva de expertos o ingenieros; se ha convertido en una habilidad necesaria para todos los ciudadanos que utilizan un teléfono, una computadora o realizan operaciones en línea.
Así como aprendimos a protegernos en la vida cotidiana, también debemos aprender a reconocer un mensaje sospechoso, verificar una llamada, cuidar nuestras contraseñas y desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser reales.
Porque en la era digital, una simple decisión tomada en segundos puede definirlo todo: mantener nuestra información protegida o abrir la puerta a los ciberdelincuentes.
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