El ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, formalizó la asignación de una aeronave Spartan C-27J de las Fuerzas Armadas a favor del Ministerio del Interior para la ejecución de operaciones conjuntas contra la delincuencia transnacional.
El componente logístico militar se utilizó para el traslado y expulsión del territorio nacional de tres ciudadanos de nacionalidad venezolana vinculados a la organización delictiva Tren de Aragua. De acuerdo con el titular del sector, la medida operativa se alinea con las directivas emitidas por la presidenta Keiko Fujimori y contempla, en su tramo de retorno, una misión humanitaria destinada a la repatriación de ciudadanos peruanos afectados por el reciente movimiento telúrico registrado en Venezuela.
Supervisión oficial y filiación de los ciudadanos expulsados
La diligencia de expulsión, ejecutada en las instalaciones del Grupo Aéreo N.° 8, contó con la supervisión presencial del ministro de Defensa, el canciller Carlos Espá y el ministro del Interior, César Astudillo. Los ciudadanos extranjeros fueron plenamente identificados como Edinson Agustín Barrera (alias Catire), Rodismel José Alcántara Brito (alias Rodi) y Rafael Sorrilla Velásquez (alias Rafa).
Los referidos individuos registran antecedentes por la comisión de ilícitos penales en el país, habiendo cumplido sentencias judiciales efectivas por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, delitos contra la tranquilidad pública y delitos contra la salud pública.
Marco normativo y resguardo de la infraestructura fronteriza
El procedimiento administrativo de expulsión se fundamentó en el marco jurídico establecido por el Decreto Legislativo N.° 1350 y el Decreto Legislativo N.° 1582, normas vigentes que facultan la separación inmediata del territorio de aquellos ciudadanos extranjeros que hayan purgado condenas en centros penitenciarios nacionales.
La custodia y el traslado de los sentenciados estuvieron a cargo de unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP). Asimismo, el sector Defensa anunció que, por disposición del Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas asumirán el control y la vigilancia permanente de las líneas de frontera y los pasos fronterizos autorizados con el propósito de mitigar riesgos de reingreso irregular de bandas organizadas.
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