La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desestimó de manera categórica los señalamientos formulados por el exsecretario general del organismo, Elar Juan Bolaños Llanos, calificando las imputaciones de carentes de sustento fáctico y anunciando una investigación interna inmediata junto a acciones legales a través de la Procuraduría Pública.
La institución precisó que las acusaciones fueron vertidas originalmente en una carta de renuncia rechazada por los términos de su redacción, formalizándose la salida del funcionario mediante la Resolución Jefatural N.° 000100-2026-JN/ONPE tras la pérdida definitiva de la confianza institucional.
Ante la naturaleza de los cuestionamientos, la Jefatura Nacional derivó el expediente a la Gerencia de Recursos Humanos y a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios para el inicio de una investigación preliminar orientada al esclarecimiento de los hechos. El órgano fiscalizador solicitó formalmente a Bolaños Llanos la entrega de evidencias objetivas, dado que el escrito original no incorporó documentación que valide sus afirmaciones.
Como parte del protocolo de contingencia y transparencia procesal, las autoridades electorales ordenaron el aislamiento de los activos informáticos mediante el lacrado en cajas selladas de los equipos de cómputo del exfuncionario para impedir cualquier alteración de la información, remitiendo en paralelo los antecedentes a la Procuraduría Pública para interponer los recursos judiciales correspondientes.
Responsabilidad funcional y rol como oficial de Integridad
La ONPE recordó que, durante su permanencia en el cargo, el exsecretario general ejerció como la máxima autoridad administrativa del organismo, teniendo bajo su responsabilidad directa la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de adquisición de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras de los comicios de este año.
La entidad cuestionó que el investigado, a pesar de desempeñarse simultáneamente como oficial de Integridad, nunca formuló advertencias previas ni activó los canales de denuncia internos ante la alta dirección. Según los informes técnicos, las supuestas anomalías denunciadas a última hora se circunscriben precisamente a áreas que operaban bajo la jefatura directa de Bolaños, tales como los sistemas de contratación pública, la Mesa de Partes y el Sistema de Gestión Documentaria.
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