El Salvador fue calificado, por segundo año consecutivo, como uno de los ocho países con mayor riesgo de cometer actos de tortura en el mundo, según el Índice Global de Tortura 2026 de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Esta segunda edición del reporte evaluó a 39 naciones mediante siete pilares institucionales que miden el compromiso político, la violencia estatal, la situación carcelaria y las garantías para la sociedad civil.
El Estado salvadoreño obtuvo puntuaciones de riesgo alto y muy alto en todas las categorías analizadas, compartiendo el nivel de vulnerabilidad crítica global con regímenes como los de Rusia, Bielorrusia, Afganistán, Irán, Etiopía, Libia y Nicaragua.
Régimen de excepción, hacinamiento carcelario y crímenes de lesa humanidad
La persistencia del país en este estrato internacional se atribuye directamente a las constantes prórrogas del régimen de excepción vigente y a los informes técnicos que denuncian la comisión de delitos de lesa humanidad. La OMCT alertó sobre las condiciones extremas dentro del sistema penitenciario salvadoreño:
Tasa de encarcelamiento récord: Registra 2,632 prisioneros por cada 100,000 habitantes, lo que equivale aproximadamente al 2.6% de la población total del país.
Colapso de la infraestructura: Las prisiones operaban a más del 181.9% de su capacidad instalada a mayo de 2026.
Ausencia de fiscalización: El Gobierno no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura ni cuenta con un Mecanismo Nacional de Prevención, elevando el peligro de desapariciones forzadas, palizas y privación de alimentos.
Persecución política y restricciones severas al espacio cívico
El documento internacional también destaca el impacto punitivo de la Ley de Agentes Extranjeros, utilizada para restringir el financiamiento y la operación de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes.
De acuerdo con datos recopilados por la organización Cristosal, la criminalización de la disidencia ha dejado un saldo de 245 víctimas de persecución política, 145 personas judicializadas y 86 presos políticos, forzando al exilio a decenas de líderes sociales. La OMCT concluyó que la región latinoamericana muestra un retroceso generalizado en la materia, ya que en siete de los ocho países evaluados en el continente -incluyendo a México, Colombia, Ecuador, Honduras y Venezuela- persisten niveles de riesgo alarmantes para la integridad física de los ciudadanos.
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