El pronunciamiento supremo condena categóricamente los actos de amedrentamiento y hostigamiento orientados a coaccionar las decisiones de los magistrados en los procesos en curso.
La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ratificó su respaldo absoluto a la postura de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, orientada a salvaguardar la independencia y autonomía de los jueces y juezas de la República. El máximo órgano de deliberación judicial rechazó firmemente las continuas agresiones y coacciones dirigidas hacia los magistrados por el ejercicio de sus funciones y el estricto cumplimiento de la Constitución.
El tribunal supremo recordó que las resoluciones emitidas se enmarcan en los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, herramientas normativas de carácter vinculante que el Estado peruano está obligado a respetar.
La Comisión de Venecia y su advertencia sobre la retórica deslegitimadora
Como parte de las acciones institucionales para evaluar el Estado de derecho en el país, la Sala Plena recordó que acudió a la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia). En marzo de este año, dicho organismo internacional emitió un informe técnico sobre las reformas constitucionales y legislativas aplicadas al aparato de justicia local.
El documento internacional encendió las alarmas al identificar una multiplicación de campañas de desinformación, descalificaciones públicas y retórica deslegitimadora en contra del Poder Judicial y de magistrados específicos, factores que ponen en riesgo la estabilidad democrática.
El pronunciamiento de la Corte Suprema enfatizó las conclusiones de la Comisión de Venecia, las cuales advierten que cuando estas embestidas institucionales son orquestadas por actores políticos y amplificadas mediante la manipulación informativa, se genera un daño severo en la percepción pública. El fin de estas estrategias, según detalla el texto, es mermar la confianza ciudadana en los tribunales y debilitar a los organismos autónomos.
El colegiado concluyó que la separación de poderes es un pilar inalienable, demandando un compromiso real de todas las instituciones del Estado para detener cualquier intento de injerencia o amedrentamiento.
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