Artículo de opinión
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú —los cuatro países de la Comunidad Andina— suman alrededor de 195 millones de hectáreas de bosques: casi el 52% del territorio que comparten. Sin embargo, su presencia en el comercio mundial de la madera y sus manufacturas es todavía marginal.
Para ponerlo en números simples: según estadísticas de comercio internacional de UN Comtrade, en 2024 el mercado global de madera y productos asociados movió cerca de US$ 173.000 millones. De ello, la Comunidad Andina aportó alrededor de US$ 741 millones, es decir, apenas 0,43%. El contraste es duro: en el sudeste asiático, un solo país —Vietnam— exportó alrededor de 15 veces más que todo el bloque andino.
Esta brecha no es falta de recursos, sino el resultado de competir por debajo del potencial de la región.
Hoy, competir no significa solo vender más volumen. Significa vender con tres atributos que el mercado demanda cada vez más: legalidad verificable, calidad constante y mayor valor agregado. Ahí es donde la región se queda corta, y ahí también está la oportunidad.
El problema es que la ilegalidad no solo afecta al ecosistema boscoso: desordena el mercado. Cuando entra madera de origen dudoso, los precios se distorsionan, el productor formal pierde espacio y el valor se fuga: menos empleo local, menos industria, menos recaudación y más incentivos para que la cadena se mantenga informal.
Y como estas redes suelen cruzar fronteras, las respuestas aisladas terminan siendo insuficientes.
Por eso, el enfoque regional no es un discurso “integracionista”: es una forma práctica de bajar costos a lo legal y cerrar espacios a lo ilegal.
Aunque existen avances en la agenda andina (por ejemplo, la Decisión 922 de la Comunidad Andina y la Recomendación 511 del Parlamento Andino), en la práctica las acciones contra la tala ilegal y el comercio asociado siguen siendo principalmente nacionales. Esa fragmentación encarece el cumplimiento para quien hace las cosas bien y facilita que lo ilegal se mueva hacia el eslabón más débil.
¿Qué se gana si los países actúan como bloque? Tres cosas concretas:
- Acceso a mercados de mayor valor y reducción de costos de cumplimiento. Los mercados más exigentes exigen pruebas de origen y cadenas de custodia robustas, y en algunos segmentos otorgan primas adicionales a la madera certificada. Además de las certificaciones voluntarias, mercados como la Unión Europea exigen debida diligencia y trazabilidad (EUDR): quien no pueda demostrar el origen legal de su madera verá limitado su acceso a esos mercados.
- Portafolio integral y captura de valor. La diversidad de bosques y especies de la región permite ofrecer un portafolio complementario de especies y volúmenes. Comercializado de forma conjunta y con mayor procesamiento local (mobiliario, estructuras, productos de carpintería), ese portafolio compite con mayor fuerza.
- Economías de escala logísticas. La propuesta regional debe integrar corredores fluviales y terrestres que conecten la cuenca amazónica con el Pacífico, centros logísticos transfronterizos y procedimientos aduaneros simplificados para reducir tiempos y costos.
La región andina tiene bosques vastos y una posición estratégica frente a una demanda internacional sostenida. Para transformar ese potencial en riqueza legítima hay que salir de la fragmentación: armonizar reglas, compartir herramientas y construir —por qué no— una Marca Andina respaldada por estándares comunes de legalidad y trazabilidad.
Solo así podremos reducir la influencia de los mercados criminales, captar mayor valor para nuestras economías y asegurar el uso sostenible de nuestros bosques.
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