El aumento de comunicaciones procedentes del extranjero pone en alerta al país ante un fraude que induce el cobro de tarifas elevadas por llamadas de retorno.
Una cantidad cada vez mayor de ciudadanos en el territorio nacional viene reportando la recepción de llamadas telefónicas internacionales procedentes de terminales no identificados. Esta tendencia delictiva responde a la propagación a nivel nacional de una modalidad de fraude digital denominada ‘Wangiri’, un esquema que se origina desde ubicaciones geográficas remotas y que emplea plataformas de automatización difíciles de interceptar por las firmas operadoras de telecomunicaciones y los propios abonados, según un informe técnico difundido por los medios.
Mecanismo de ingeniería social y el factor económico de la devolución
La nomenclatura de este fraude proviene del idioma japonés y se traduce de forma literal como “una llamada y corte”. El procedimiento criminal se ejecuta mediante el marcado masivo y computarizado de llamadas de muy corta duración hacia terminales móviles aleatorios, interrumpiendo la comunicación antes de que el usuario logre contestar.
La estrategia delictiva busca aprovechar la curiosidad intrínseca del receptor, quien al percatarse de un registro de llamada perdida con un código de marcado internacional desconocido, opta de forma voluntaria por retornar la comunicación para averiguar la procedencia de la misma.
El abogado experto en derecho digital, Erick Iriarte, precisó que al concretarse la devolución del enlace, la plataforma redirige de forma automática al usuario hacia líneas de tarificación especial con costos de conexión premium extremadamente altos.
Esta modalidad traslada el costo financiero de la operación de forma íntegra a la víctima, llegando a registrarse cargos tarifarios de hasta 20 dólares por enlace de comunicación. El escenario delictivo se complejiza debido a que las centrales de origen se ubican de forma preferente en naciones que carecen de tratados multilaterales de asistencia mutua penal con el Estado peruano, un factor que limita e interrumpe las capacidades operativas de persecución penal transfronteriza.
Frecuencia del tráfico de red y los canales oficiales de denuncia
Los indicadores de tráfico móvil muestran que el volumen de estas interacciones fraudulentas mantiene un incremento sostenido. Diversos ciudadanos afectados refieren recibir este tipo de llamadas fantasmas con una frecuencia de dos a tres veces por jornada diaria, identificando prefijos telefónicos asignados a países como Estados Unidos, la República Democrática del Congo y Bangladesh.
Frente a la persistencia de las redes de ciberdelincuencia, las autoridades competentes recuerdan que la ciudadanía cuenta con canales institucionales para centralizar los reportes, lo que facilita el mapeo de los números sospechosos para su posterior inhabilitación en las redes locales. Las entidades públicas facultadas para procesar estas incidencias tecnológicas son la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las fiscalías corporativas especializadas en cibercrimen.
Protocolos de prevención y medidas de restricción digital
La recomendación fundamental de los especialistas en seguridad informática se centra en abstenerse por completo de retornar llamadas hacia prefijos internacionales no registrados y proceder con la restricción inmediata del contacto dentro del sistema operativo del dispositivo móvil. Asimismo, el mercado de desarrollo de software ofrece herramientas y aplicaciones móviles de filtrado que permiten identificar la reputación de las líneas entrantes y automatizar el bloqueo de números internacionales sospechosos.
A nivel de hábitos de consumo, un sector de los usuarios en la capital viene optando por configurar sus terminales para rechazar cualquier comunicación fuera de su agenda de contactos activa. Las autoridades insisten en que la contención de la estafa ‘Wangiri’ requiere la combinación de una cultura de prevención individual basada en el bloqueo digital y el reporte oportuno ante los entes policiales y fiscales para mitigar el alcance de estas redes transnacionales de fraude.
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