Judicatura dispone 18 meses de prisión preventiva para ex-magistrada de Lima Este investigada por el despacho de cargamentos de cocaína hacia el mercado europeo.
Las autoridades judiciales y policiales mantienen activas las operaciones de localización y captura contra Carmen López Chávez, ex-fiscal adjunta del distrito fiscal de Lima Este. Sobre la ex-magistrada pesa un mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses dictado por el Poder Judicial, al ser sindicada como la presunta cabecilla de una organización criminal con conexiones internacionales dedicada al tráfico ilícito de drogas.
Investigaciones de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificaron a López Chávez, conocida en el entorno delictivo bajo el alias de ‘Camucha’, como la persona encargada de dirigir el despacho de cargamentos de alcaloide de cocaína hacia el continente europeo y de diseñar los mecanismos clandestinos para la repatriación de los activos financieros hacia el territorio nacional.
Ascenso institucional y asunción del control de la estructura criminal
La procesada inició su trayectoria en el Ministerio Público en el año 2022 ocupando la plaza de asistente administrativa, para posteriormente ser promovida al cargo de fiscal adjunta en la Unidad de Flagrancia de Lima Este.
De acuerdo con las tesis de la fiscalía corporativa, esta posición estratégica dentro del sistema de justicia le otorgó acceso preferencial a expedientes e investigaciones de carácter reservado. Dicha condición habría sido instrumentalizada para monitorear las pesquisas dirigidas contra su entonces conviviente, José Bonifacio Muñoz Tarazona, alias ‘Titi’, a quien la Dirandro señalaba como el líder fundador de la red.
Los informes de inteligencia criminal determinaron que la relación entre ambos se originó durante la etapa universitaria de López Chávez. Tras el homicidio de Muñoz Tarazona, perpetrado en abril de 2024, la entonces funcionaria pública asumió de forma directa la línea de mando y el control operativo de la organización delictiva, manteniendo la continuidad de las operaciones de exportación de estupefacientes.
Modus operandi: Reclutamiento de emisarios y blanqueo de capitales
Los mecanismos de transporte de la organización se basaban en la captación de personas denominadas transportadores o burriers, encargados de trasladar la sustancia ilícita hacia terminales aéreos de España, Francia e Italia.
El esquema financiero de la red contemplaba pagos ilícitos de hasta 4,000 euros por cada kilogramo de droga entregado en el destino internacional, asumiendo además la totalidad de los costos de pasajes y viáticos. Asimismo, la fiscal coordina de forma directa retiros y transferencias fraccionadas de hasta 2,000 dólares a través de la infraestructura bancaria formal, empleando el nombre de familiares directos para eludir las alertas del sistema financiero.
El dinero recaudado por la venta de la droga en Europa retornaba al país mediante el método de «momificación», adhiriendo los billetes al cuerpo de emisarios para evitar los controles de agencias tradicionales de remesas como Western Union u Olva Courier.
El coronel Richard Noriega, jefe de la División de Investigación de Tráfico Ilícito de Drogas de la Dirandro, detalló que estos desplazamientos internacionales tenían como único propósito la centralización del dinero en efectivo.
Las bitácoras migratorias registran viajes en primera clase realizados por López Chávez con destino a Roma, orientados a sostener reuniones de coordinación con socios estratégicos en Europa, entre los que se identificó al ciudadano italiano Salvatore Cardinale.
Punto de inclusión: El asesinato de alias ‘Titi’ y el encubrimiento familiar
El 3 de abril de 2024, José Bonifacio Muñoz Tarazona fue asesinado por proyectil de arma de fuego frente a su inmueble en el distrito de San Juan de Lurigancho, en circunstancias en las que se encontraba acompañado por la entonces fiscal adjunta.
Si bien López Chávez argumentó inicialmente ante los investigadores que el suceso correspondió a un robo agravado, las interceptaciones telefónicas legales ejecutadas por la Dirandro demostraron que el evento consistió en un ajuste de cuentas por disputas económicas.
En los registros de audio incorporados al portafolio probatorio, el hermano de la procesada, Rudy López, ratificó ante su entorno familiar directo que el homicidio estuvo motivado por la apropiación indebida de dinero perteneciente a terceros vinculados al negocio ilícito, advirtiendo además sobre el conocimiento total que poseían los miembros del clan familiar respecto al origen de los recursos económicos de la organización.
Intervenciones del Ministerio Público y estatus laboral de la investigada
El 14 de abril, las fuerzas especiales de la Dirandro ejecutaron un allanamiento en el departamento residencial ocupado por la pareja en San Juan de Lurigancho. La operación policial devino en la incautación de alhajas de valor comercial significativo, relojes de alta gama y bienes suntuarios.
Durante dicho procedimiento, se efectuó la detención de la madre y del hermano de la ex-fiscal, quienes afrontan cargos por la presunta comisión del delito de lavado de activos en la modalidad de testaferrato. Paralelamente, los órganos jurisdiccionales de la Corte del Callao dictaron sentencias condenatorias superiores a los seis años de pena privativa de la libertad contra los transportadores de la red Edwin de la Cruz, Gianella Raymundo Gutiérrez y Miguel Pinchi Vargas.
En el plano administrativo, tras detectarse las pesquisas en su contra, Carmen López Chávez solicitó el usufructo de vacaciones físicas entre el 15 y el 23 de mayo de 2024. El requerimiento fue denegado por la institución y, ante la posterior inconformidad y sucesivas ausencias a su despacho, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de Lima Este dio por concluido su nombramiento de forma definitiva. A la fecha, la imputada mantiene la condición legal de prófuga de la justicia con mandatos de captura vigentes a nivel nacional.
Acerca del autor
