Foto: Captura TV
Personal del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional allanaron la vivienda de Rosa Paredes Castro, hermana de la congresista Jasmina Francis Paredes Castro, de Podemos Perú. El inmueble intervenido se ubica en la cuadra 13 del jirón Junín, en Barrios Altos, en el Cercado de Lima.
En los exteriores del predio, se desplegó un fuerte resguardo a cargo de efectivos policiales del Escuadrón Verde. En el interior, representantes del Décimo Despacho de la Fiscalía Subprovincial Anticorrupción llevaron a cabo las diligencias correspondientes junto a la familiar de la legisladora.
En la capital, este operativo también incluyó el allanamiento de otros dos inmuebles vinculados al caso, ubicados en los distritos de Jesús María y Santiago de Surco.
La intervención policial y fiscal, que movilizó a unidades de la DIRCOCOR y DIGIMIN, forma parte de un operativo mayor denominado ‘Operadores del Oriente’.
El allanamiento fue dictado por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que autorizó la intervención de un total de diez inmuebles: los tres mencionados en Lima y siete ubicados en la región Ucayali.
Las autoridades investigan a esta red por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y colusión agravada.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, la presunta organización criminal habría sido liderada por la propia congresista Francis Paredes, a quien se le atribuye el alias de la ‘Profesora’.
La investigación señala que, en coordinación con otros funcionarios y operadores, la parlamentaria habría captado a personas de su confianza para colocarlas en cargos estratégicos dentro de entidades públicas de la región Ucayali.
Las principales instituciones infiltradas serían la Red Asistencial Ucayali de EsSalud, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Dirección Desconcentrada de Cultura, donde se habrían otorgado los puestos a cambio de beneficios económicos indebidos.
Además de la venta de cargos públicos, la Fiscalía sostiene que la organización criminal operó para lucrar con las necesidades del sector salud. Se acusa a la red de haber direccionado contrataciones vinculadas al servicio de ambulancias aéreas y vuelos chárter, destinados al traslado de pacientes críticos de la Red Asistencial Ucayali de EsSalud.
Mediante concertaciones irregulares, tráfico de influencias y recepción de pagos ilícitos, la organización habría favorecido a determinadas empresas de aviación. Entre las licitaciones investigadas se encuentran servicios valorizados en aproximadamente S/ 6 189 600 y S/ 10 669 648. A estas cifras se suman contrataciones globales por pasajes y vuelos chárter que bordean los S/ 20 millones, generando un millonario y grave perjuicio económico en agravio del Estado.
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