Las intervenciones, realizadas junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, apuntan a desarticular la minería ilegal y reafirmar el principio de autoridad estatal.
Desde abril de este año, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), adscrita al Ministerio del Interior, ha asestado un duro golpe a la ilegalidad en Pataz, La Libertad. En una serie de operativos, se han incautado 190 armas de fuego, 6,757 municiones y 7,438 kilos de explosivos.
Estas acciones se enmarcan en el Decreto de Urgencia N.° 006-2025 y forman parte del trabajo articulado del Comando Unificado, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Su objetivo es claro: restablecer el orden en zonas afectadas por actividades ilegales.
Desde el inicio de las operaciones, se han ejecutado 76 operativos conjuntos con la participación activa del equipo técnico de la Dirección de Control y Fiscalización de la Sucamec. Las intervenciones se concentraron en los puestos de control de Calquiche, Shicún y Pamparacra. Allí se verifica minuciosamente el transporte y la comercialización de insumos químicos, explosivos, armas de fuego y otros materiales que podrían ser utilizados en operaciones ilegales vinculadas a la minería.
La labor de la Sucamec se enfoca en prevenir el uso irregular de estos insumos y armamento, y en disponer su inmovilización o incautación cuando sea necesario, garantizando su adecuado traslado, almacenamiento y uso conforme a ley. Además, estas acciones han reforzado significativamente la capacidad de respuesta del Estado frente al uso indebido de materiales peligrosos.
Estas labores de fiscalización representan un paso crucial para la recuperación de las zonas afectadas y la erradicación de la minería ilegal. Esta actividad no solo pone en riesgo la vida de las personas, sino que también daña gravemente el medio ambiente y altera el orden público.
El Ministerio del Interior continuará reforzando su presencia en esta zona priorizada, con el fin de proteger a la población, combatir las actividades ilícitas y fortalecer el principio de autoridad del Estado. Con este enfoque, el Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y el restablecimiento del orden en Pataz.
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