Tres abogados – Félix Paz, Emanuel Castro y Carlos Bichet – presentaron este martes 24 de junio una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Gabinete de 2025 que suspende las garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro, Panamá.
La acción legal se fundamenta en la suspensión del artículo 23 de la Constitución, que consagra el recurso de hábeas corpus. Carlos Bichet explicó a La Estrella de Panamá que, aunque el artículo 55 de la Constitución permite la suspensión del hábeas corpus, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sostenido en su Opinión Consultiva 8 de 87 y en diversos fallos que los Estados no pueden suspender este derecho, ya que sería incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos.
Aunque el estado de urgencia que suspende las garantías constitucionales vence este miércoles 25 de junio y, en caso de extensión, sería por un máximo de cinco días adicionales (el límite constitucional sin aprobación de la Asamblea Nacional), la decisión de la Corte Suprema de Justicia probablemente se emitiría cuando el decreto ya no esté vigente.
Sin embargo, el abogado Bichet señaló que la Corte ya ha fallado sobre normas derogadas o no vigentes en el pasado. Citó un precedente de 2015 sobre la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) y la derogación de una norma que suspendía comunicaciones durante las protestas de 2012. En aquel caso, la Corte determinó que la acción había sido inconstitucional por violentar garantías fundamentales, a pesar de que la norma ya había sido derogada.
Bichet enfatizó la importancia de esta demanda: “Es importante meter la acción sienta un precedente en este país que el hábeas corpus no puede ser suspendido y sienta un precedente de que nuestro país no puede actuar solamente en virtud del derecho doméstico, sino que también tiene que respetar los estándares interamericanos, los estándares convencionales sobre la protección de derechos humanos”.
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