La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha intensificado su lucha contra la minería ilegal en el Perú, con la intervención de más de 85 plantas procesadoras de minerales en lo que va del año. Esta cifra refleja la magnitud de una ofensiva coordinada con la Policía Nacional y el Ministerio Público, enfocada en frenar el avance de una actividad que causa serios impactos ambientales, fomenta la evasión tributaria y debilita el Estado de derecho en regiones clave del país.
Según la información oficial difundida, estas intervenciones forman parte de una estrategia nacional para verificar la legalidad del origen del mineral que llega a las plantas procesadoras. En cada operativo se inspecciona documentación clave como libros contables, guías de remisión, comprobantes de pago y otros registros que permitan identificar el origen del mineral, su trazabilidad y si cumple con las exigencias tributarias y ambientales.
Además, 33 plantas han sido detectadas operando de manera ilegal, es decir, sin contar con los permisos correspondientes para procesamiento de minerales. Como parte de los hallazgos más graves, también se desactivaron cinco bocaminas y se destruyeron 49 pozas de cianuración, una técnica altamente contaminante utilizada para separar oro del mineral.
El accionar de SUNAT se enfoca en un eslabón clave de la cadena minera: las plantas procesadoras, donde el mineral —en muchos casos de origen informal o ilegal— es recibido, tratado y muchas veces “blanqueado” antes de su comercialización. Si bien la minería informal suele concentrarse en regiones como Madre de Dios, Puno o La Libertad, las plantas fiscalizadas por SUNAT están ubicadas en distintos puntos del país y funcionan como puntos neurálgicos que pueden facilitar —o frenar— el tránsito del oro ilegal hacia los mercados nacionales e internacionales.
El operativo también responde a una preocupación fiscal: el Estado deja de recaudar millones de soles cada año debido a la comercialización de oro no declarado. Según proyecciones de la propia SUNAT, este tipo de controles buscan cerrar brechas de evasión y elusión, especialmente en un contexto donde muchas empresas procesadoras actúan como intermediarias en esquemas que evaden controles ambientales y tributarios.
En el plano ambiental, los resultados son igual de preocupantes: la destrucción de pozas de cianuración evidencia el uso de métodos altamente tóxicos en zonas sin fiscalización. Estas prácticas generan contaminación de suelos y ríos, afectando gravemente a ecosistemas locales y a poblaciones que dependen de esos recursos naturales.
La ofensiva de SUNAT, aunque significativa, representa solo una parte del esfuerzo necesario para enfrentar la minería ilegal en el Perú. Expertos y organizaciones ambientales coinciden en que los operativos deben ir acompañados de procesos sostenidos de formalización, así como de inversiones en desarrollo alternativo para comunidades que dependen económicamente de esta actividad.
Mientras tanto, los operativos de SUNAT seguirán en marcha durante los próximos meses, como parte de un plan estratégico nacional. El mensaje del Estado es claro: habrá más fiscalización, y las plantas que actúan como plataformas para el lavado de oro ilegal serán identificadas y sancionadas.
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