La Fiscalía de la Nación, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una nueva denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte y ocho exfuncionarios de alto rango, en relación con las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Los acusados habrían incurrido en los presuntos delitos de lesiones leves y graves, cometidos contra al menos 75 ciudadanos.
La imputación incluye al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo Arana, al actual premier Gustavo Adrianzén, y a los exministros de Defensa y del Interior, como Luis Otárola, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero. Todos ellos son señalados como responsables políticos de operativos represivos en regiones como Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno, y Lima Metropolitana, que habrían derivado en un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
A diferencia de la denuncia anterior, que abordaba las muertes ocurridas durante las manifestaciones, esta nueva acción se centra en las víctimas que resultaron heridas y que hasta ahora no habían sido consideradas formalmente en la acusación fiscal.
Cabe señalar que la defensa de la presidenta Boluarte aún mantiene activa una demanda de amparo presentada en mayo de 2024, buscando anular la primera denuncia en su contra. Esta acción legal fue admitida por el Juzgado Constitucional de Lima, y se programó una audiencia para el 16 de mayo del año pasado.
El Congreso deberá evaluar si da luz verde al proceso constitucional contra los altos funcionarios mencionados, lo que podría abrir paso a una eventual acusación penal. Mientras tanto, las investigaciones continúan en el Ministerio Público como parte de una estrategia más amplia de rendición de cuentas sobre la actuación estatal durante la convulsión social posterior a la destitución de Pedro Castillo.
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