Ángel Delgado, Jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, abordó una de las controversias más sensibles de los últimos años en el país: el uso del tipo penal de crímenes de lesa humanidad en el procesamiento de miembros de las fuerzas del orden. Con más de 900 investigados a nivel nacional por este delito, Delgado plantea una advertencia firme: “No debemos pervertir los avances del derecho internacional ni utilizar sus herramientas como instrumentos de persecución política”.
¿Qué define a un crimen de lesa humanidad?
Según lo estipulado en el Estatuto de Roma de 1998 —norma fundacional de la Corte Penal Internacional—, los crímenes de lesa humanidad no son simplemente actos delictivos graves. Implican ataques sistemáticos o generalizados por parte de un poder organizado, usualmente el Estado, contra una población civil, con plena conciencia y con el propósito de imponer una ideología o mantener el control político.
En palabras del Dr. Delgado: “Una cosa es excederse en funciones, otra muy distinta es hablar de lesa humanidad. Hay que entender las diferencias”.
¿Qué pasó en Perú?
El Dr. Delgado cuestiona si las condiciones estipuladas en el derecho internacional se cumplen en los casos peruanos. A su juicio, lo que se ha hecho es una instrumentalización del tipo penal, principalmente orientada contra miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. “Curiosamente —señala— se acusa de crímenes de lesa humanidad a quienes, uniformados, actuaron para defender el orden democrático”.
Uno de los casos emblemáticos es el de Cayara, donde se acusa a miembros del Ejército de haber perpetrado una masacre en el contexto del conflicto armado interno. Sin embargo, Delgado insiste en que no toda violación a los derechos humanos puede ser tipificada como crimen de lesa humanidad. “No hay que confundir los excesos o abusos de poder, que deben ser sancionados conforme al código penal, con delitos que tienen un carácter imprescriptible y un peso simbólico global”.
¿Derecho o ideología?
Un eje central en su crítica es el rol del sistema de justicia. El constitucionalista alerta sobre lo que considera un uso ideologizado del poder judicial: “¿Qué pasa cuando el juez no interpreta la ley, sino que actúa como parte de una agenda política? El derecho pierde su función de proteger al ciudadano y se convierte en un arma de persecución”.
A su juicio, esta tendencia configura lo que denomina un “estado de cosas inconstitucional”: un escenario en el que la autonomía judicial se ve vulnerada por presiones externas, y donde el derecho deja de ser garantía para convertirse en un instrumento de revancha. “Todos los condenados tienen derecho a que su delito prescriba, salvo en los casos donde se pruebe fehacientemente que hubo crimen de lesa humanidad. Pero eso debe caracterizarse jurídicamente, no políticamente”, enfatiza.
¿Quién juzga a los jueces?
La preocupación del Dr. Delgado se dirige al corazón del sistema de justicia: la imparcialidad de quienes administran la ley. A su juicio, uno de los peligros más graves que enfrenta el Estado de derecho en el Perú es la ideologización del poder judicial. “La labor del juez es caracterizar jurídicamente los hechos, no re interpretarlos bajo una lente ideológica”, advierte.
En ese sentido, plantea que muchos magistrados, en lugar de aplicar el derecho de manera objetiva, lo hacen influenciados por agendas políticas o posiciones ideológicas preconcebidas, lo que distorsiona la calificación de delitos. “¿Qué pasa cuando el juez está ideologizado? Que los hechos dejan de ser juzgados con criterios jurídicos”, sostiene.
Una advertencia final
“Saludamos los avances de la humanidad que permitieron crear instancias como la Corte Penal Internacional. Pero no caigamos en la trampa de aplicar estos conceptos a granel. No se puede usar la bandera de los derechos humanos para eliminar a quienes piensan distinto”, concluye.
El debate queda abierto: ¿estamos usando los mecanismos del derecho internacional para fortalecer la justicia en el país o, como plantea el Dr. Delgado, se están utilizando como herramientas de persecución selectiva en un escenario profundamente ideologizado?
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