Bolsonaro encabezó una manifestación tres días después de salir del hospital
El expresidente Jair Bolsonaro participó este miércoles de una protesta convocada por la ultraderecha en Brasilia en favor de una amnistía para los golpistas de 2023, tres días después de haber salido de un hospital en el que fue sometido a una compleja operación intestinal. Unos tres mil manifestantes, en una concurrencia mucho menor a lo habitual, se congregaron a pocos kilómetros de la emblemática plaza de los Tres Poderes para una «caminata pacífica» hacia el Congreso, uno de los edificios vandalizados durante el ataque.
El acto, que sigue a otros realizados a principios de este año en Río de Janeiro y San Paulo, fue organizado en respaldo a un proyecto presentado en el Parlamento por la extrema derecha, que hasta ahora no encuentra pleno apoyo en las cámaras legislativas. El proyecto propone amnistiar a «todos quienes participaron en manifestaciones en cualquier lugar del territorio nacional desde el 30 de octubre de 2022 hasta el día de entrada en vigor de la ley».
Un acto para «presionar» al Congreso
En la manifestación participaron decenas de legisladores de la extrema derecha, así como pastores evangelistas que hicieron varias oraciones durante la marcha, que llegó a las puertas del Congreso. «No hay que perder la esperanza, ¡vamos a continuar la lucha!», dijo Bolsonaro subido a un camión, al tiempo que la multitud, vestida en su mayoría con los colores de Brasil pedía «¡Amnistía, ya!».
El expresidente apareció por primera vez en público desde su salida el domingo del hospital, tras ser operado el 13 de abril en una nueva intervención derivada de la acuchillada en el abdomen que sufrió durante la campaña electoral en 2018. «Brasil nació con vocación de libertad y lo que estamos viviendo en este momento es muy triste y doloroso», declaró el líder de la ultraderecha, quien aseguró que «una amnistía es un acto político privativo del Parlamento», en el que «nadie más tiene que meterse».
Bolsonaro, de 70 años, está inhabilitado políticamente y a la espera de ser juzgado por una presunta trama golpista tras su derrota en las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Según la Fiscalía, el ataque del 8 de enero de 2023 fue la «última esperanza» de la trama liderada por el expresidente, quien se expone a una pena de hasta 40 años de prisión.
Ese día miles de manifestantes vandalizaron las sedes de la Corte Suprema, el Congreso y el palacio presidencial pidiendo una intervención militar para derrocar a Lula, una semana después de su investidura. Bolsonaro admite que estudió con la cúpula militar un borrador de decreto que, de haberse aplicado, habría declarado el estado de sitio y habría ordenado una intervención militar, medidas que, según el exgobernante, estaban amparadas en la Constitución.
Casi 500 personas fueron condenadas por su participación en los disturbios, de los cuales al menos 223 cumplen penas de 11 a 17 años de prisión. La más emblemática de ellas, una peluquera condenada este miércoles a 14 años de prisión por haber pintado con lápiz labial una estatua. El bolsonarismo considera a Débora Rodrigues, de 39 años, símbolo de una persecución judicial en su contra.
Rodrigues trepó a una estatua de tres metros que representa la justicia, frente al Supremo Tribunal Federal (STF), y escribió en ella «Perdeu, mané» (Perdiste, tonto). Su mensaje hacía referencia al comentario que un alto juez le hizo a un partidario de Bolsonaro tras su derrota electoral en 2022, esgrimido por la derecha como supuesta prueba de un apoyo judicial a Lula. La defensa de Rodrigues alegó que su intención era «manifestarse pacíficamente».
«Esas condenas pesadas a patriotas inocentes son un absurdo», clamó en Instagram el pastor evangélico Silas Malafaia, participante de la manifestación de este miércoles junto a la exprimera dama Michelle Bolsonaro. «Tenemos que presionar a diputados y senadores porque corresponde exclusivamente al Congreso nacional dar amnistía», arengó Malafaia. Bolsonaro, quien aspira a disputar las elecciones de 2026 a pesar de estar inhabilitado hasta 2030 por cuestionar el sistema de votación, jura que no se beneficiará del proyecto de amnistía.
Se diluye la participación
La protesta de este miércoles tuvo una convocatoria menor que otros actos públicos del bolsonarismo. «Para hacer una manifestación gigante necesitamos 30 o 40 días de preparación. No tenemos tiempo para eso», expresó previamente Malafaia. En abril Bolsonaro reunió a una multitud en San Pablo para apoyar la amnistía. Eduardo, uno de sus hijos, estimó la asistencia en «cerca de un millón de personas», pero la Universidad de San Pablo calculó que fueron 45 mil. En marzo un evento similar reunió a unas 18 mil personas en Río de Janeiro, según la misma institución.
En Brasilia un dispositivo de la policía acompañó la marcha mientras la Corte Suprema, encargada de juzgar a Bolsonaro en una fecha todavía por definir, previó «medidas de refuerzo» en la seguridad de su sede. Los magistrados de la primera sala del tribunal serán los encargados de juzgar al expresidente a partir del próximo 19 de mayo, según informó este miércoles la Corte Suprema.
En esta primera fase, que se extenderá hasta el 2 de junio, se interrogará a los testigos citados por las acusaciones y las defensas del principal grupo de investigados en la causa, integrado por el líder de la ultraderecha brasileña y otros siete miembros de su gobierno. Las audiencias se desarrollarán vía videoconferencia y cuentan con 82 testigos en total, entre los que figuran políticos, miembros del Ejército y funcionarios judiciales, y muchos son compartidos por más de un reo.
El juicio a Bolsonaro celebra su primera audiencia el próximo 19 de mayo
La primera audiencia del juicio a la supuesta trama golpista en la que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro figura como el principal imputado comienza el próximo 19 de mayo, informó este miércoles la Corte Suprema.
En esta primera fase, que se extenderá hasta el 2 de junio, se interrogará a los testigos citados por las acusaciones y las defensas del principal grupo de investigados en la causa, integrado por el líder de la ultraderecha brasileña y otros siete miembros de su Gobierno.
Las audiencias se desarrollarán vía videoconferencia y cuentan con 82 testigos en total, entre los que figuran políticos, miembros del Ejército y funcionarios judiciales, y muchos son compartidos por más de un reo.
Esta medida marca el inicio de la fase procesal del juicio, momento en el que se recaban pruebas para la acusación y la defensa.
Entre los citados como testigo por el expresidente (2019-2022) se encuentra el gobernador del estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uno de los políticos señalados como su posible sucesor, ante la inhabilitación política de Bolsonaro, vigente hasta 2030.
Además del exmandatario, componen este grupo el coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro, que declaró ante la Corte Suprema en un acuerdo de colaboración.
También lo integran el general de la reserva Walter Braga Neto, exministro y candidato a vicepresidente en 2022 en la fórmula del exmandatario, el exministro de Justicia Anderson Torres y el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira.
La denuncia contra este grupo fue aceptada a fines de marzo de forma unánime por la Primera Sala de la Corte Suprema, compuesta por cinco magistrados de corte progresista.
Todos ellos fueron imputados con los cargos de organización criminal, intento de abolición violenta del Estado democrático, golpe de Estado, daño calificado y destrucción de patrimonio público.
La trama golpista se habría comenzado a tejer después de la victoria del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de octubre de 2022.
Bolsonaro aspiraba a la reelección en esos comicios, pero no aceptó su derrota en las urnas y, de acuerdo a la acusación, fue entonces que se tramó un golpe de Estado que impidiera la investidura del líder progresista, que culminó con el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, una semana después de que Lula asumió el poder.
Fuente: Agencia Nodal | Página 12 | Infobae
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