TSE confirma 94 candidatos para las elecciones judiciales parciales
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó este jueves la participación de 94 candidatos en las elecciones judiciales parciales que se celebrarán este domingo.
La lista final se consolidó tras la inhabilitación de cuatro postulantes, la renuncia de 12, el fallecimiento de uno y la exclusión de 28 candidatos debido a la Sentencia Constitucional 0770/2024.
Las candidaturas habilitadas se distribuyen de la siguiente manera: 21 candidatos para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 41 para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 12 para el Tribunal Agroambiental y 20 para el Consejo de la Magistratura.
En estas elecciones se votará por cinco magistraturas titulares y cinco suplentes para el Tribunal Agroambiental, tres titulares y tres suplentes para el Consejo de la Magistratura, siete titulares y siete suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia y cuatro titulares y cuatro suplentes para el Tribunal Constitucional Plurinacional.
La elección para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura es de alcance nacional, mientras que las elecciones para el TCP y el TSJ son departamentales.
Debido al último fallo constitucional sobre estos comicios, en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija no se elegirán magistrados para el TCP, y en Beni y Pando tampoco habrá elecciones para el TSJ.
Un total de 7.334.435 ciudadanos están habilitados en el Padrón Electoral Biométrico para emitir su voto este domingo 15 de diciembre.
De acuerdo con la Ley del Régimen Electoral (Ley 026), las demandas de inhabilitación pueden ser presentadas hasta 15 días previos a la jornada electoral.
Sin embargo, de forma excepcional y solo en casos de hechos sobrevinientes, la norma permite realizar demandas de inhabilitación hasta tres días antes a la elección.
Judiciales: TCP defiende fallos y apunta a “actores políticos”
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) defendió este jueves las sentencias que allanaron las elecciones judiciales parciales y responsabilizó a “los actores políticos” en la Asamblea Legislativa por las “irregularidades” en el proceso de preselección de candidatos, al incumplir plazos para la convocatoria y habilitar a postulantes aplazados para cumplir requisitos de género y participación de indígenas.
Su presidente, Gonzalo Hurtado, acompañando de cuatro magistrados, leyó un pronunciamiento público frente a los medios en Sucre, luego de una reunión, el pasado miércoles, con la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que permitió al TCP “romper el silencio que ha guardado ante una dura y permanente campaña de desprestigio”.
“No vamos a guardar más silencio sobre las acusaciones falsas que se realiza a la institución y sus miembros, tengan presente que vamos a estar sustentando con plena solvencia constitucional nuestras decisiones”, señaló Hurtado que salió acompañado de sus colegas Yván Espada, Isidora Jiménez, Brígida Vargas y Elizabeth Cornejo y la ausencia de Paúl Franco, Karem Gallardo, Petronilo Flores y Georgina Amusquivar.
DESPRESTIGIO
Acusó a “actores políticos” de iniciar una campaña de desprestigio contra el Órgano Judicial y el TCP y no cumplir con su rol constitucional de convocar a elecciones judiciales con plazos y garantías de derechos.
“Estos actores buscan a propósito dejar ese vacío para a través de pactos políticos designar magistrados que les respondan y manejar la justicia a su antojo”, remarcó. Denunció que “los actores políticos intentaron reemplazar a los magistrados electos por autoridades designadas desde poderes políticos”.
Hurtado anunció que todas estas pruebas de irregularidades serán remitidas en un informe a la Misión Internacional de la OEA y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Admiten que el único Órgano del Estado encargado de emitir una convocatoria a las elecciones judiciales es la Asamblea Legislativa, pero que “es evidente que no cumplió con los tiempos establecidos, menos aún con la sanción de una ley”.
“La Asamblea no solo no cumplió los tiempos de convocatoria, sino que también el proceso de preselección estuvo plagado de denuncias de irregularidades”, señaló la autoridad al dar lectura al comunicado.
También se refirió a la habilitación de candidatos aplazados para cumplir con los requisitos de equidad de género e incorporación de candidatos indígenas.
Dentro de estas irregularidades, también hicieron referencia a audios filtrados de parlamentarios para favorecer a candidatos, haciendo muecas en el examen oral.
Según el TCP, se presentaron al menos 61 acciones constitucionales debido a estas y otras irregularidades en el proceso de preselección de candidatos judiciales.
“A pesar de estas irregularidades, hemos aportado para que no se obstaculice (la elección judicial) y hemos encontrado soluciones a los problemas que se generaron en otro órgano del Estado”, manifestaron los tribunos.
INFORME TÉCNICO
Gonzalo Hurtado anunció que presentará ante el pueblo boliviano y la CIDH un documento “altamente técnico” para demostrar cómo se intentó politizar la preselección judicial, que no cumplió con los criterios de meritocracia, equidad de género y plurinacionalidad, y las intenciones de nombrar autoridades fuera del marco de la Constitución.
Evo habla de ‘vendepatrias’ por la extradición de Dávila; no toleramos narcotráfico responde Del Castillo
La extradición del coronel Maximiliano Dávila de Bolivia a Estados unidos desató otra confrontación entre el expresidente Evo Morales y el Gobierno. Mientras que el primero los califica de ‘vendepatrias’ por ceder a esa petición; el ministro de Gobierno dijo que no tolerarán el narcotráfico.
“Bolivia vuelve a ser una Colonia de EEUU. Los bolivianos son entregados al imperio norteamericano, violando los acuerdos internacionales, sin ser, primero, juzgados en su patria, donde supuestamente cometieron delitos. Los vendepatria deben aprender de la presidenta de México que defiende la soberanía de su país ante la intromisión de EEUU», escribió el exmandatario dos horas después de conocerse la salida del coronel Dávila.
La respuesta llegó también a través de las cuentas del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, quien saludó la entrega del ex jefe policial a EEUU y la comparó a lo sucedido hace 35 años cuando el gobierno de Jaime Paz Zamora entregó al coronel Luis Arce Gómez al país del norte.
“Desde el inicio de nuestra gestión, demostramos que no toleramos el narcotráfico en nuestro país. No solo somos la mejor gestión en incautaciones de droga, también cumplimos con la comunidad internacional con extradiciones de personas vinculadas a este ilícito como las realizadas con el señor Einar Limalobo, para responder sus deudas con la justicia en #Brasil o la efectuada hace pocas horas con el señor Maximiliano Dávila a EEUU”, publicó el titular de Gobierno.
Los diputados opositores y el ala arcista del MAS creen que la preocupación de Evo Morales radica en la posibilidad de que Dávila lo incrimine en delitos de narcotráfico y también se pida su extradición.
Mientras Evo Morales, desde que Dávila fue aprehendido en enero de 2022, dijo que el gobierno y las autoridades no pudieron comprobar que el coronel de Policía estuviera vinculado al narcotráfico y tampoco comprobaron que existe una conexión directa. Aseguró que le decomisaron el celular a Dávila y no encontraron algo.
La mañana de este jueves, a las 08:40 partió el avión que llegó del país del Norte para trasladar al coronel Maximiliano Dávila, quien es acusado de tráfico de drogas y armas en Estados Unidos. La extradición fue un trámite que recién cobró dinamismo desde el 10 de octubre de este año cuando el gobierno estadounidense formalizó el pedido de extradición.
Abogado de Maximiliano Dávila asegura que es una ‘invención’ el proceso en EEUU
El proceso que enfrenta el exjefe antidrogas Maximiliano Dávila por delitos ligados al narcotráfico en Estados Unidos es una “invención”, aseguró su abogado Manolo Rojas quien consideró que su defendido es inocente.
Dávila fue finalmente extraditado al país del norte la mañana de este jueves, luego de haberse concluido los trámites correspondientes en cumplimiento a la determinación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emitida el 27 de noviembre.
El proceso que enfrenta el exjefe antidrogas, del gobierno de Evo Morales ante la Justicia de Estados Unidos es por los presuntos delitos de “asociación delictuosa para importar sustancias controladas y asociación delictuosa para el manejo de armas relacionadas con narcotráfico”.
“Los hechos concretos de modo, tiempo y lugar; cuándo lo hizo, dónde lo hizo, quiénes fueron sus cómplices; eso es una invención, pero como toda invención, va a caer por sí sola y entendemos y mantenemos las palabras del coronel Maximiliano Dávila que es una persona inocente y allá sabrá librar un justo proceso”, aseguró Rojas.
La investigación contra Dávila se llevó a cabo entre 2019 y 2020, cuando fue acusado formalmente por indicios de haber usado su cargo para transportar cocaína en aviones, a través de terceros países, para su distribución en Estados Unidos.
Según Rojas, durante el traslado se violaron “varios derechos y garantías constitucionales” que serán puestos en la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fuente: Agencia Nodal | Correo del Sur | País | Erbol
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