La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó por unanimidad la nueva Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal, un instrumento jurídico diseñado para actualizar y unificar los regímenes de tenencia y explotación del suelo en la isla. Durante el Séptimo Período Ordinario de Sesiones, el ministro de Agricultura, Ydael Pérez, sustentó el proyecto normativo, cuya redacción consolidó la participación de más de 6,900 ciudadanos y la evaluación técnica de 2,587 propuestas sectoriales.
La legislación unifica dos decretos leyes y 20 normas complementarias preexistentes, alineándose de forma directa con los mandatos constitucionales internos y convenios globales como la Agenda 2030 y la Declaración de los Derechos de los Campesinos.
El proceso metodológico, catalogado como el más extenso en la historia del Ministerio de Agricultura, inició en 2022 mediante un comité técnico integrado por 53 especialistas, el cual contó con el respaldo y asesoramiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esta cooperación internacional facilitó estudios de derecho comparado en bloques regionales de América Latina, el Caribe, China y Vietnam. Asimismo, la propuesta base experimentó 30 enmiendas derivadas de múltiples consultas legislativas previas y 7 talleres de carácter provincial. El titular del sector enfatizó que la disposición constituye una prolongación histórica de la Ley de Reforma Agraria, enfocada en optimizar el rendimiento de los recursos del Estado civil y mitigar la existencia de un 80% de tierras ociosas o con un nivel de explotación deficiente.
Flexibilización contractual, derechos de usufructo y diversificación productiva
El nuevo ordenamiento jurídico implementa una reforma estructural al flexibilizar los mecanismos de transmisión de la propiedad privada y los activos agrarios, habilitando de forma explícita las transacciones de compraventa, donaciones y sucesiones hereditarias mediante supervisión notarial y judicial. Asimismo, se simplifican los protocolos de adjudicación de tierras estatales en favor de personas naturales, jurídicas y entidades extranjeras.
Estas concesiones no solo abarcarán la producción forestal clásica, sino que se extienden formalmente hacia modelos contemporáneos de autoabastecimiento, agroturismo y ecoturismo, eliminando los topes de extensión física y condicionando la entrega al perfil técnico del proyecto presentado.
La normativa regula de igual manera la asignación de predios agrícolas a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de carácter estatal, privado o mixto dentro de Cuba. Por primera vez en el ecosistema legal del país, se faculta a las cooperativas y corporaciones públicas para otorgar el derecho real de usufructo a terceros con el propósito de dinamizar la productividad.
Como incentivo complementario a la estabilización de la fuerza laboral agraria, la ley autoriza la edificación de viviendas residenciales en los terrenos explotados tras un periodo comprobado de 5 años de actividad productiva ininterrumpida.
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