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785 sentencias condenatorias contra personas involucradas en diferentes modalidades de ciberdelincuencia, principalmente, en fraude informático, que es el delito informático más denunciado en el país, obtuvieron las fiscalías especializadas en delitos informáticos del Perú.
Aurora Castillo, Coordinadora Nacional de las Fiscalías Especializadas en Ciberdelincuencia, en diálogo con la agencia Andina confirmó que la mayoría de las condenas está relacionada con el fraude informático.
No obstante, también se obtuvieron sentencias por suplantación de identidad, propuestas de carácter sexual dirigidas a niñas, niños y adolescentes, y otros delitos informáticos.
Uno de los principales problemas que afronta la fiscalía especializada en ciberdelincuencia es que muchas investigaciones comienzan contra personas no identificadas. Por ello, determinar quién se encuentra detrás de una cuenta, una operación financiera o una comunicación digital puede demandar varios meses de trabajo especializado.
«La cooperación internacional es fundamental porque gran parte de los proveedores de servicios digitales se encuentra en el extranjero», sostuvo. Entre ellos figuran plataformas como Meta, TikTok y Roblox, que pueden conservar y entregar datos relevantes para las investigaciones.
El contacto con estas empresas permite solicitar inicialmente la preservación de la información. Posteriormente, las autoridades deben seguir los procedimientos correspondientes para obtener los datos y utilizarlos como evidencia dentro de un proceso penal.
Castillo dijo que el desafío es mayor cuando las organizaciones criminales utilizan criptomonedas para ocultar el origen y el destino del dinero.
Lamentablemente, el número de fiscalías especializadas continúa siendo limitado. Actualmente, estas dependencias funcionan en Lima Centro, Trujillo y Arequipa, aunque la ciberdelincuencia afecta a ciudadanos de todas las regiones del país.
Otro obstáculo es el uso de las normas tradicionales del Código Procesal Penal para investigar delitos cometidos en entornos digitales. Los procedimientos vigentes no siempre responden a la velocidad con la que desaparecen los datos o se trasladan los fondos obtenidos ilegalmente. Por ello, es requerido incorporar a la legislación peruana mecanismos procesales previstos en el Convenio de Budapest.
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