En Comisión de Descentralización
La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que preside la legisladora Diana Gonzales Delgado (Avanza País), aprobó, por unanimidad, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 3102/2022-CR, que mejora la focalización, la cobertura y los mecanismos de control del programa del Vaso de Leche.
La propuesta busca derogar la Ley 31554, Ley que modifica la Ley 27470, ley que establece normas complementarias para la ejecución del programa del Vaso de Leche, publicada en agosto del 2022, porque le restaría operatividad en cuanto a su funcionamiento y organización.
La titular de ese grupo de trabajo refirió que la iniciativa plantea que las familias y las personas expuestas a la inseguridad alimentaria satisfagan sus necesidades alimenticias y nutricionales, que se preste asistencia a quienes no estén en condiciones de pedir ayuda, que se asegure el acceso de alimentos y una adecuada nutrición, especialmente a los niños menores de 5 años y lactantes.
De igual forma, para mujeres gestantes y niños en etapa escolar, para los pobres, pobres extremos, y vulnerables promoviendo una amplia participación, vigilancia y autogestión de la sociedad civil organizada y de las familias beneficiarias; y, que se otorgue complementos alimentarios y nutricionales a los pobres extremos y vulnerables, entre otros aspectos.
Al término de la sustentación del proyecto de ley, la congresista Mery Infantes Castañeda (FP) saludó la iniciativa de ley señalando la necesidad de establecer mecanismos que ayuden a una mejor focalización del referido programa social, así como mejores mecanismos de control que permitan que el apoyo social llegue a quienes realmente lo necesiten.
AUTORIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
En otro momento, la comisión recibió a Jorge Zapata Ríos, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), quien dio sus opiniones y puntos de vista en relación al Proyecto de Ley 4642/2022-PE, del Poder Ejecutivo, que propone la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANI). Señaló que por el momento no se deberían realizar cambios toda vez que ya existe una estructura básica que viene trabajando para este caso.
“Hubo un poco de politización sobre dicha autoridad y no se priorizaron los trabajos técnicos y profesionales, por presión de alcaldes y presidentes regionales, exigiendo otro tipo de obras, dejando de lado los trabajos de prevención que era y es lo más importante por el momento”, consideró el funcionario de Capeco.
A su turno, Mariela Vargas Blanco, representante del Colegio de Ingenieros del Perú, refirió no estar de acuerdo con la propuesta del Poder Ejecutivo, por ser “más de lo mismo” y que no ayudaría a un verdadero proceso de reconstrucción en el país. Agregó, no estar de acuerdo con los convenios de Gobierno a Gobierno por no ir con la realidad del país.
También dio sus aportes el gerente general del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, Antonio Castillo.
Al término de las exposiciones, los parlamentarios Eduardo Castillo Rivas y Mery Infantes Castañeda (FP), coincidieron en señalar la necesidad de estructurar en mejores condiciones la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, y avanzar hacia la culminación de trabajos pendientes. De igual forma, dieron a conocer su preocupación por las pésimas gestiones que cumplen algunas autoridades locales y regionales en lo referente a la prevención de desastres.
Los legisladores Germán Tacuri Valdivia (BMCN) y Raúl Huamán Coronado (FP) señalaron la necesidad de encontrar una salida real y concreta a dicha problemática, mientras que Nelcy Heidinger Ballesteros (APP) consideró que debería haber sanciones para los malos funcionarios en los procesos de reconstrucción.
En tanto, las parlamentarias Magaly Ruíz Rodríguez (APP) y Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País), coincidieron en cuestionar los actos de corrupción que no permite avanzar la reconstrucción en diversas regiones del país.
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