En 2020, la OCDE propuso mejoras en el diseño de políticas públicas de conducta empresarial responsable, pero hasta la fecha nuestro gobierno no muestra voluntad política para mejorar la conducta empresarial.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su misión por diseñar políticas que favorezcan el bienestar de los ciudadanos, publicó un informe en el 2020 recomendando mejoras a las políticas públicas de conducta empresarial responsable (CER) en el Perú con el objetivo de promover la adecuación de la conducta de las empresas peruanas a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y debida diligencia.
Las recomendaciones de la OCDE se basaron en la implementación de normas para detectar violaciones de los derechos humanos en el espectro laboral, políticas para combatir la informalidad, acciones para fomentar el empleo decente, asistencia técnica al sector empresarial, tanto privado como público, avances en la implementación de mecanismos de debida diligencia, entre otras.
Según la evaluación realizada por el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos, Perú Equidad, en asociación con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), se reportó que el 69% de los lineamientos sugeridos por la OCDE no cuentan con reporte de avance en el transcurso de estos dos años. Se apuntó, además, que el gobierno peruano no muestra una voluntad política firme para acatar las recomendaciones formuladas advirtiéndose varias barreras para lograr avances como: escasos recursos presupuestados, carencia de un marco institucional consolidado y un escaso compromiso empresarial y gubernamental para cumplir con los estándares de debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos.
Se identificó además que, durante los últimos dos años, no se logró realizar un seguimiento adecuado a los procesos de diálogo en atención de conflictos sociales, ni se cuenta con un instrumento idóneo que sirva a la prevención de la conflictividad social y CER para el sector empresarial. Así mismo, no se ha reportado resultados en cuanto a las acciones de promoción de las guías de la OCDE de debida diligencia para empresas incluidas en cadenas de suministro en áreas de conflicto o alto riesgo. Tampoco se ha implementado un mecanismo de monitoreo de debida diligencia ni fiscalizado el cumplimiento de normativas vinculadas a la formalización económica.
Del total de 45 acciones recomendadas, solo dos fueron reportadas con avances por las autoridades competentes. Entre ellas, la promoción del cambio de cultura sobre la mirada de los sindicatos como defensores de los derechos humanos; acción ejecutada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Así mismo, la incorporación del componente de CER a los lineamientos dirigidos a los tres niveles de gobierno: poder ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales para una mejor gestión de la conflictividad social, ejecutado por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM. Asimismo, atendiendo la recomendación de la OCDE se concluyó con la formulación de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA) en 2021, corolario de un largo proceso de generación de consensos al respecto que involucró la participación de todas las partes interesadas, incluyendo los gremios empresariales.
El objetivo del PNA 2021-2025 es implementar los estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, con enfasis en la operacionalización de los Principios Rectores de las Naciones Unidas en este ámbito, lo que contribuirá a que las empresas, tanto públicas como privadas, respeten los derechos humanos en el contexto de sus actividades.
“Los resultados del estudio de avance de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la OCDE no son alentadores ni mucho menos dejan una buena impresión del Perú y su preocupación por la regulación de la conducta empresarial responsable. Al no cumplir con los estándares establecidos a nivel internacional, el país desprotege a las comunidades indígenas ante los impactos negativos de actividades empresariales implementadas sin debida diligencia y contribuye a la informalidad en el país al no garantizar derechos laborales para sus trabajadores”, señaló Enrique Fernández-Maldonado de Perú Equidad, una de las organizaciones que elaboró el estudio.
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