La ley alemana de debida diligencia entrará en vigor en enero del 2023 salvaguardando los derechos humanos de los trabajadores de más de 200 empresas de capitales alemanes afincadas en Perú y marcando el camino para una ley de debida diligencia propia. Así, las inversiones alemanas, que superan los 500 millones de dólares, deberán adecuarse a las nuevas disposiciones para prevenir, mitigar y reparar afectaciones a los derechos humanos, laborales y medioambientales.
“En muchas ocasiones la actividad empresarial del país responde a rasgos premodernos, a rasgos que no tienen que ver con lo que está ocurriendo en el mundo desarrollado, al que nosotros aspiramos a integrarnos”, asegura Javier Mujica Petit, abogado y representante de Perú Equidad, al comparar nuestra realidad sobre derechos humanos en el ámbito laboral con la realidad europea, en la que hay grandes avances legislativos para asegurar justicia laboral y medioambiental. Alemania será el siguiente país europeo en sumarse a la aplicación de la debida diligencia en las cadenas de suministro, una norma que entrará en vigencia el próximo año.
La debida diligencia para los derechos humanos es un término acuñado por las Naciones Unidas, utilizado para “proteger, respetar y remediar el daño” causado. Sus lineamientos alcanzan diversos ámbitos: la protección laboral, ambiental, contra la corrupción y la protección del consumidor. Hace referencia a cómo las compañías identifican, previenen, mitigan, responden y reparan el daño que causan sus operaciones.
Alemania se suma a países como Francia y Países Bajos en la intención de salvaguardar los derechos humanos de todos los involucrados en los procesos de producción de las empresas domiciliadas en este país. Un esfuerzo que ya está por alcanzar a la mayoría de integrantes de la Unión Europea.
En Alemania, la norma alcanzará a todas las empresas domiciliadas en su territorio y a los socios comerciales que éstas tengan extraterritorialmente. E irá más allá: las empresas que tengan sociedades comerciales con firmas alemanas estarán obligadas a obedecer lo que la ley dicte.
La existencia de una ley de debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos demuestra que la autoregulación no ha sido suficiente, por su misma condición difusa. La autoregulación tampoco cumple ningún rol sancionador o disuasivo en caso se produzcan violaciones efectivas a los derechos humanos. Ahí radica la importancia de la norma, pues establece lineamientos definidos que se convierten en mandatos legales que deben ser cumplidos.
La ley que entrará en vigencia en Alemania también afectará a nuestro país por los vínculos comerciales de empresas peruanas con sus pares alemanas. Las empresas alemanas en territorio peruano, alrededor de 200, deberán realizar acciones para prevenir, mitigar y remediar los impactos negativos originados por sus operaciones y los que puedan ser causados por sus proveedores directos. Las disposiciones incluyen posibles sanciones a las empresas que incumplan estos mandatos de ley; si bien no permite que se declare la responsabilidad civil de estas empresas para que paguen por los daños y perjuicios, sí se toman en cuenta otro tipo de sanciones como multas y exclusiones para participar en los mecanismos de contratación pública. Lo que busca la ley es asegurar el cumplimiento de derechos fundamentales: libertad de asociación y negociación colectiva, eliminación de trabajo forzoso y trabajo infantil, eliminación de discriminación en materia de empleo y ocupación y también entorno laboral seguro y saludable.
Una Debida Diligencia peruana
“Lo que se ha validado en Perú por varias décadas, esa idea de que el mercado determina y que menos reglas dinamizan la economía, es un principio que se ha quedado desfasado en el tiempo y solamente ha generado desconfianza”, refiere el abogado Mujica. La posición de muchas empresas se ha visto deslegitimada por su accionar a espaldas de los derechos de trabajadores, poblaciones, proveedores, etc.
Los costos sociales y económicos de esta desconfianza son evidentes. Conflictos sociales permanentes en distintos lugares del país demuestran el escaso acercamiento entre la empresa privada y los otros actores de sus procesos comerciales. En una sociedad donde se respetan los derechos humanos, las actividades económicas y comerciales suelen ser más legitimas y con mayores oportunidades de crecimiento en condiciones adecuadas.
Esta evidencia palpable del descontento existente con respecto a muchas empresas nos lleva a pensar en la urgente necesidad de contar en Perú con una ley similar, adecuada a la realidad que vivimos. Por ahora ya se ha dado aprobación al Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos y también existe una propuesta de ley de Debida Diligencia. Estos son los primeros pasos para integrarnos a una forma más moderna de ver el desarrollo empresarial, más aún considerando que pretendemos integrarnos a organismos como la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Para lograr una adecuada integración, se hace necesario promover desde el Estado, con la participación de empresas y otros actores, las condiciones ideales para nuestra propia ley: reglas claras para las empresas, definir una conducta esperada y vigilar la implementación de reglas y sanciones que se puedan establecer normativamente.
Ley alemana y empresas en Perú
Casos recientes ocurridos entre diversas empresas y sus sindicatos evidencian el retroceso en materia de derechos laborales en el Perú. Los sindicatos muchas veces son vistos como enemigos de la empresa. “El propósito es trabajar en conjunto, de la mano con la empresa y crecer juntos. Los trabajadores crecen con la empresa donde trabajan, pero los empresarios prefieren no hacerlo. Ocultan información de ingresos y ganancias a los trabajadores”, dice Henry Ancassi, matizador y secretario general del Sindicato de Trabajadores de Heinz Glas Perú, una empresa de joint venture peruano aleman, dedicada principalmente a la fabricación de envases de vidrio y plástico para la industria cosmética.
Ancassi está al tanto de la existencia de la ley de debida diligencia en Alemania y que pronto entrará en vigencia, con consecuencias aquí, en el Perú. Tiene esperanza de que esto solucione el clima de desconfianza existente ya que, según asegura, la empresa ha hecho todo lo posible para anular el sindicato: despedir o fomentar renuncias de los sindicalizados, ofrecimiento de mejoras en salarios y cargos para los no afiliados, reemplazo de trabajadores, cambios inconsultos en beneficios laborales obtenidos. “La empresa prefiere tratar directamente con cada uno de los trabajadores y ha logrado reducir el número de sindicalizados de casi setenta a unos quince empleados”, se lamenta Henry Ancassi.
Condiciones similares nos refiere Renee Sairitupac, obrera del campo desde hace 20 años, es secretaria general del sindicato de trabajadores de Monsanto – Bayer, empresa alemana que opera en Perú, dedicada al mejoramiento y exportación de semillas de tomate, melón, sandía, pepino, pimiento, entre otros productos. El sindicato que lidera Sairitupac, próximo a cumplir trece años, lucha con fuerza contra lo que ella considera un “sabotaje” de la empresa. Durante la pandemia del COVID 19, Monsanto-Bayer se acogió a la figura de suspensión perfecta y pudo sacar a unas cincuenta personas sindicalizadas, según refiere la representante. Actualmente solo unos 230 trabajadores quedan sindicalizados. Ellos demandan, principalmente, pagos justos por el duro trabajo que realizan. Sairitupac también nos refiere casos de hostigamiento que no llegan a ser denunciados por temor al despido o por presiones de la empresa, así como descuido por parte de ésta sobre la salud de los trabajadores que se vieron afectados por covid, así como el rechazo a la participación de los miembros de comité de seguridad y salud en las actividades que les competen. La empresa resiente todo tipo negociación con el sindicato.
Perú, un largo camino por andar
Situaciones como las referidas desnudan la gran necesidad de una ley de Debida Diligencia propia, peruana. Paskal Vandenbussche, investigador de Perú Equidad sostiene que la percepción y relación de las empresas sobre los sindicatos y viceversa es una dinámica compleja. “Es un problema sistémico que tiene explicaciones estructurales, legales, culturales y que no tiene respuestas fáciles”. Uno de los principales problemas es la falta de una cultura de diálogo, reforzado por vacíos legislativos que han generado un impacto negativo en la cantidad y calidad de las relaciones, lo que se llama el capital social. La implementación de una Ley de Debida Diligencia propia es necesaria pero no será un camino fácil, augura: “se requiere perder el miedo y temor al otro, ver al otro como parte de la solución, no parte del problema. Generar espacios de diálogo para mejorar el capital social. La implementación de la Debida Diligencia va a requerir establecer procesos de diálogo para identificar riesgos, entender como prevenir los impactos negativos, como mitigar y remediarlos”.
El Estado tiene un rol primordial en este terreno. Debe cumplir y hacer cumplir la plena vigencia de los derechos humanos, ya que es el Estado el que ha suscrito y ratificado las normas internacionales sobre el tema. Pero según refiere Javier Mujica, muchas veces las empresas se valen de recursos para influir en las decisiones del Estado por diversas vías: “imponiendo a sus propios representantes en la gestión de la política pública, corrompiéndola o ejerciendo influencia a través del control de los medios de comunicación; el objetivo final es el mismo: conseguir que el Estado no haga lo que tiene que hacer”.
El Estado debe estar, de modo efectivo y evidente, al servicio de la ciudadanía en su visión más plena. Por parte del Estado se debe ser el tratar en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía y garantizar que todos, sin excepción, respeten la ley sin que la influencias económicas, mediáticas o de la corrupción alteren la implementación de estas obligaciones.
Una ley de debida diligencia correctamente implementada por un Estado presente permitirá que las empresas prevengan y mitiguen los impactos en los derechos fundamentales de las personas. La plena vigencia de los derechos humanos y ambientales en las operaciones empresariales significa implementar normas claras y concientes para la vida actual y futura. La protección de la dignidad humana obliga al compromiso.
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