Felicia Luz Bravo, Danna Fernández y Rocío Esquivel formaron parte de las doce mil personas voluntarias que participaron en los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm, por lo que pidieron que se proteja su salud de manera inmediata, porque a raíz de las vacunaciones irregulares, que se hicieron de manera paralela, fueron abandonados a su suerte.
Fue durante la sesión virtual de la Comisión Especial COVID-19, que preside el legislador Leonardo Inga Sales (AP).
Los voluntarios solicitaron, asimismo, que se respete los acuerdos a los que habían llegado con consentimiento voluntario en el que se determinaba el tiempo de duración del estudio e informes a los que tenían derecho como es el conocer si habían sido inoculados con las vacunas de Beijing, Wuhan o placebo.
“Luego que se viciara el proceso de la investigación con intervención irregular de personas no relacionadas al estudio, necesitamos que el Ministerio de Salud abra el doble ciego y se priorice la atención y vacunación a los voluntarios que recibieron placebo y vacuna Wuhan. Todos hemos arriesgado la vida para un estudio que beneficiaría al país”, dijeron.
VACUNACIÓN EN LORETO
En la sesión también se convocó a funcionarios que participaron en el proceso de vacunación que se efectuó en Loreto.
Carlos Calampa Del Águila, director regional de Salud de Loreto, explicó que el proceso de vacunación en dicha región había sido irregular, porque no se había podido informar de la vacunación a todos y teníamos solo hasta el domingo para “gastar las vacunas asignadas”.
“La vacunación estuvo programada para iniciar el miércoles 17 de marzo. Ese día llegó el personal de Cenares, pero las vacunas recién llegaron a las 6 de la tarde, por ello, se empezó la vacunación el jueves 18 y viernes 19. Solo asistieron a vacunarse el 16 % de las personas empadronadas en Pensión 65”, informó.
Contó que se hizo una reunión y decidió ampliar el proceso a mayores de 70 años. Por ello, “hubo mayor convocatoria, en los puntos de vacunación se inocularon a 2850 personas hasta el jueves con la presencia de Contraloría, representantes de Pensión 65, y municipalidades. Pronto, se decidió vacunar con los 11 frascos (66 dosis) al personal del hospital, del banco de sangre, luego se dijo que no, que ese personal recibiría Pfizer no Sinopharm. El sábado se decidió programar la vacuna para la casa de Reposo Bretania y Santa Rosa, donde hay adultos mayores y Pensión 65”.
Agregó que la vacunación se inició entre las 9:15 y 9:30 h y se vacunó a diez personas que no estaban en riego, allí se originó todo el malentendido. “Allí se vacunaron los alcaldes y otras personas que no estaban en el padrón, pero las 66 dosis no fueron destinadas a funcionarios públicos”, explicó Janampa.
La obstetra Rubí Ríos Hidalgo, que estaba encargada de la Dirección Ejecutiva de Salud Individual, sostuvo que el 17 de marzo que debían iniciar el proceso de vacunación se enteraron de que dichas vacunas no fueron embarcadas, pero los puntos de atención ya estaban organizados en el Colegio Nacional de Iquitos (CNI) y en el Colegio San Juan.
La Comisión Especial COVID-19 acordó elaborar un informe con las intervenciones recibidas y las indagaciones presentadas por sus miembros. También, por unanimidad, se acordó visitar las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Privada Cayetano Heredia y el Instituto Nacional de Salud antes de emitir el respectivo informe y las recomendaciones sobre el proceso de estudio clínico.
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