La Contraloría General inició hoy el Operativo de Control “Buen inicio del año escolar 2019” en el que se supervisarán 2,968 instituciones educativas de las 25 regiones del país para verificar que el servicio en los colegios públicos de los niveles primaria y secundaria se brinde de acuerdo a la normativa educativa vigente.
En el operativo de control que se efectuará hasta el próximo viernes 22 de febrero, 860 representantes de la Contraloría vienen supervisando:
- Proceso de matrícula (cronograma de matrícula, alumnos matriculados).
- Documentos de gestión institucional (Documentos de planificación y dirección, plan lector, gestión del riesgo de desastres, tutoría, orientación educativa y convivencia escolar, personal docente, medidas de prevención y protección de los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de la institución educativa, libros y materiales)
- Infraestructura, equipamiento y servicios (servicios básicos, mantenimiento o acondicionamiento del mobiliario e infraestructura educativa, de los equipos de cómputo, ciencias, música, entre otros).
Entre los riesgos que se podrían registrar durante el operativo figuran: cobros indebidos en el proceso de matrícula, carente cobertura de plazas docentes, falta de entrega de libros y materiales educativos, deficientes servicios básicos (agua, luz y desagüe), mala infraestructura educativa, falta de documentación de gestión institucional, insuficiente protección contra la radiación solar, entre otros.
En Lima el Vicecontralor de Servicios de Control, Martín Díaz, junto a un equipo de auditores, supervisó la Institución Educativa N° 0138, Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho, de nivel primaria y secundaria, en donde estudian 1,600 alumnos aproximadamente.
“La educación es un derecho fundamental para el desarrollo integral de la persona y constituye una herramienta esencial para el desarrollo económico, social y cultural de una sociedad. El Estado, a través de las instancias competentes, tiene la responsabilidad de garantizar la calidad del servicio educativo”, indicó Díaz.
En ese sentido, hizo énfasis en el rol de la Contraloría General que a través de este servicio de control preventivo busca alertar oportunamente a las autoridades educativas sobre aspectos que deben corregirse con prioridad antes de iniciar el año escolar.
ÁMBITO
Las instituciones educativas programadas para su supervisión se ubican en las zonas urbanas y rurales de todas las regiones del país y están bajo el ámbito del Ministerio de Educación (Minedu) y de las 26 Direcciones o Gerencias Regionales de Educación de los Gobierno Regionales.
Estas visitas preventivas permitirán emitir alertas tempranas sobre hechos que contravengan la norma “Orientaciones del Año Escolar 2019 en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica” y, si fuera el caso, algún hecho de corrupción, las que serán comunicadas a las Direcciones Regionales de Educación, Gobiernos Regionales y el Minedu para que subsanen o mitiguen los riesgos identificados.
El Minedu es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación y deporte en concordancia con la política general del Estado, mientras que el Gobierno Regional es el responsable de asegurar la capacidad de operación y calidad en la prestación del servicio educativo sobre la base de sus competencias.
Como resultado del operativo de control se emitirá un informe consolidado sobre el estado de los colegios en las 25 regiones del país, así como los riesgos y deficiencias identificadas, el cual será enviado a las instancias correspondientes y a la entidad sujeta a control.
Las instituciones educativas públicas del país iniciarán el año escolar 2019 el próximo lunes 11 de marzo, aunque también dependerá de las características geográficas, climatológicas, económica-productivas y socioculturales de la región.
RESULTADOS OPERATIVO 2018
En el operativo “Buen inicio del año escolar 2018” realizado en marzo pasado, la Contraloría identificó una serie de riesgos en los 377 colegios visitados.
En esa oportunidad, se identificó que el 53.9% de las instituciones educativas no publicó el cronograma de matrícula en un lugar visible; mientras que en el 29.8% el proceso de matrícula se realizó fuera de las fechas dispuestas por la autoridad educativa, lo que generó el riesgo de desorganización en el proceso de matrícula y afectó el ingreso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo nacional.
Asimismo, en el 29.8% de colegios existieron deficiencias en el almacenamiento de materiales y recursos educativos; mientras que el 27.6% no contó con todos los libros y materiales para la entrega a los alumnos durante el inicio de clases, lo que generó el riesgo de afectar el proceso de aprendizaje.
Respecto a la plana docente, en el 26.6% de las instituciones educativas se encontraba incompleta; y en cuanto a la infraestructura, el 81.6% de colegios carecía de mallas verdes de protección contra radiación solar. De igual forma, una gran mayoría no tenía extintores (78.5%), barandas para zonas con desnivel pronunciado (69.1%) y señalización (57%).
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