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Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), advirtió que la escalada de la violencia criminal forzará un cese indefinido de actividades a nivel nacional si el Ejecutivo no garantiza la seguridad y el libre tránsito en las carreteras.
La Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT) advirtió que el sector interprovincial formal —que concentra el 80% de la oferta operativa a través de la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú (Cotrapoy)— evalúa una paralización indefinida de actividades si el Poder Ejecutivo no garantiza el libre tránsito y la seguridad en las carreteras. La advertencia surge tras registrarse una escalada criminal de seis atentados armados en los últimos diez días en el cono norte de Lima, perpetrados por organizaciones dedicadas a la extorsión y al cobro de cupos ilegales que ponen en riesgo directo a tripulaciones y usuarios.
Martín Ojeda, director ejecutivo de la CIT, denunció que tramos críticos de la Panamericana Norte —específicamente en las inmediaciones de Fundición, Guandoy y Puente Piedra— se han convertido en zonas de alta peligrosidad debido a la libre operación de «gatilleros» en motocicletas que disparan directamente contra las estructuras de los ómnibus en ruta. El dirigente gremial detalló que al menos tres corporaciones de transporte han recibido amenazas extorsivas mediante plataformas de mensajería instantánea o de forma presencial, obligando a los operadores a restringir la difusión de sus identidades comerciales por estrictas razones de seguridad y salvaguarda corporativa.
Operación simultánea: Balaceras contra flotas terrestres y choferes heridos
La crisis de seguridad se agudizó tras registrarse dos atentados casi simultáneos contra unidades de transporte de larga distancia en rutas formales de Lima. El primer incidente afectó a un ómnibus de la empresa Cruz del Norte que cubría la ruta Lima-Trujillo a la altura del kilómetro 30 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra; el vehículo recibió impactos de bala de gran calibre en el parabrisas principal, resultando el conductor con heridas cortantes en la región craneal.
En paralelo, una unidad de la empresa Cruz del Sur que se dirigía desde el distrito de Santa Anita hacia Huaraz fue interceptada por dos delincuentes a bordo de una motocicleta. Los atacantes arrojaron un sobre con mensajes extorsivos hacia el interior de la cabina antes de abrir fuego contra el chasis, hiriendo al chofer Jaime Córdoba debido a las esquirlas de los proyectiles. El vehículo trasladaba a más de treinta pasajeros, incluyendo delegaciones de turistas extranjeros, quienes debieron ser evacuados de emergencia bajo resguardo policial.
Si bien la CIT reconoció la efectividad del «Plan Cerco» ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) bajo la dirección del general Castillo —que permitió la captura flagrante de uno de los gatilleros implicados—, el gremio enfatizó que las detenciones aisladas resultan insuficientes para frenar el fenómeno delictivo. Los representantes del sector exigieron una intervención coordinada entre el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial, orientada a la desarticulación de los mandos medios y cúpulas de estas uniones criminales, así como al desarrollo de auditorías forenses para determinar la trazabilidad del dinero ilícito.
El panorama de coacción y temor generalizado en las rutas coincide con las estadísticas del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, cuyas métricas consolidan un promedio nacional de 1 053 denuncias mensuales por los delitos de extorsión y chantaje, lo que equivale a un aproximado de 70 incidencias delictivas formalizadas por día en el territorio nacional.
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