En tanto duren sus procesos penales tras aprobar la denuncia constitucional
El Pleno del Congreso suspendió en el ejercicio de sus funciones a los legisladores Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel, hasta que duren sus procesos penales, tras aprobar la denuncia constitucional en su contra por los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias por la presunta compra de votos para desestimar la vacancia presidencial.
Tras una extensa sesión plenaria, la representación nacional también dispuso comunicar al Jurado Nacional de Elecciones sobre esta situación para que extienda la acreditación de los accesitarios.
La votación se hizo por separado y en dos bloques. En primer lugar se votó la acusación constitucional, es decir, los delitos y luego, la suspensión por cada legislador (Fujimori, Bocángel y Ramírez).
Por 61 votos se aprobó la denuncia constitucional contra Fujimori y posteriormente, 58 congresistas acordaron suspenderlo.
La denuncia constitucional y la suspensión de Ramírez y Bocángel se aprobó por 57 votos a favor, cada una.
Minutos antes se aprobó por mayoría que los congresistas miembros de la Comisión Permanente que no votaron la denuncia constitucional puedan hacerlo en el pleno, sólo para el caso de la suspensión. Asimismo se dio lectura de los parlamentarios titulares de ese grupo impedidos de votar.
También se desestimó una cuestión previa, presentada por el parlamentario Yhony Lescano, para que el informe acusatorio retorne a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Según el informe de denuncia constitucional sustentado por el legislador César Segura, los parlamentarios mencionados cometieron infracciones a la Constitución y la presunta comisión de los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias.
Asimismo, establece que los congresistas, que aparecen en el video grabado por el congresista Moisés Mamani, actuaron en forma coordinada para ofrecer prebendas a cambio de no respaldar la segunda vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.
En las conversaciones, se escucha a los legisladores ofrecer prebendas, protección e incluso la reelección, lo cual constituye delito de cohecho activo y tráfico de influencias, reza el informe aprobado por la representación nacional.
(Fuente: Andina)
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