La Policía Nacional capturó a seis funcionarios públicos –incluido el burgomaestre– y seis proveedores, quienes se beneficiaron con licitaciones a precios elevados y por servicios que rara vez se prestaban.
La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público detuvieron esta madrugada a 12 integrantes de la organización criminal Ricardo Palma, acusados del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en la provincia limeña de Huarochirí.
Durante este nuevo megaoperativo, las autoridades también allanaron 11 inmuebles y seis oficinas administrativas de la Municipalidad de Ricardo Palma.
Esta organización criminal era supuestamente liderada por el alcalde de la Municipalidad de Ricardo Palma, Ismael Zenón Fernández Cavero. Asimismo, en su estructura criminal figuran otros cinco funcionarios y seis proveedores de dicha comuna.
Entre los servidores públicos implicados se encuentran el gerente municipal, Manuel Gonzales Quispe Rosas; y el gerente de Desarrollo Urbano, Aldo Gustavo Fernández Huamán.
También aparecen la jefa de Logística y Control Patrimonial, Katteryne Graciela López Salas; la jefa de Tesorería, Lisbeth Quispe Huerta; y el jefe de Presupuesto, Edy Alberto Alor Pacheco.
De acuerdo con las investigaciones policiales, la jefa de Logística, en coordinación con el gerente municipal, eran los encargados de captar a los supuestos proveedores para hacerles ganar la buena pro. Se trataba de personas o familiares que no cumplían con los requisitos.
La organización criminal Ricardo Palma contaba con Luis Enrique Casas Tapia como aliado estratégico, quien se presentaba en las licitaciones con precios elevados y contrataba servicios de terceros.
El dinero obtenido era utilizado en primer lugar para pagar un porcentaje –previamente acordado– a los supuestos proveedores. Según la PNP, en varios casos no se realizaban los servicios contratados.
El resto del dinero era repartido entre los demás integrantes de la organización criminal, quienes participaban de las actividades ilícitas de acuerdo a sus funciones. El alcalde tenía pleno conocimiento de los hechos, por lo que también recibía un porcentaje del monto.
Las autoridades han podido detectar al menos 11 cheques que fueron girados por 11 servicios no prestados, cuya suma arroja un total de S/ 79 709 (con un mínimo de S/7500 y un máximo de S/ 20 000).
Sin embargo, existen otros montos en proceso de corroboración por un valor estimado en 150 mil soles.
Algunos de los servicios bajo cuestionamiento tienen que ver con la elaboración del Plan Anual de Contrataciones Periodo 2017, la elaboración de saldos en fondos públicos al 31 de diciembre del 2016 y la elaboración del expediente técnico del mantenimiento del sistema eléctrico de parque y jardines en el sector Santa Anta.
Asimismo, la elaboración del Plan Operativo Anual para el Periodo 2017 del Área Técnica Municipal, la elaboración y actualización del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, el estudio de mejoramiento técnico de alcantarillado del anexo Susana Parodi, el mantenimiento y pintura de la loza deportiva Ricardo Palma, entre otros.
Al frente del megaoperativo 15° del 2018, estuvo la División de Investigación de Delitos de Corrupción de Funcionarios Vinculados al Crimen Organizado (DIVIDCVCO), perteneciente a la Dirección la Corrupción (Dircocor) de la PNP.
De la intervención participaron 270 efectivos, con el apoyo de 13 fiscales especializados en delitos de corrupción de funcionarios.
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