La Asamblea Nacional sancionó por unanimidad la nueva Ley Orgánica de Minas, un instrumento jurídico que deroga el decreto de 1999 y busca reorganizar el sector extractivo en Venezuela.
La normativa, impulsada tras acuerdos de cooperación con Estados Unidos, establece un estricto régimen sancionatorio que incluye penas de prisión de hasta 15 años para la minería ilegal en áreas protegidas y multas calculadas según el tipo de cambio oficial de mayor valor.
Sanciones penales y administrativas
El nuevo marco legal endurece las consecuencias para el ejercicio ilícito de la actividad minera. Según el artículo 124, quienes operen sin permisos enfrentarán entre seis meses y 10 años de cárcel, pena que aumenta al rango de 10 a 15 años si la explotación ocurre en zonas de protección ambiental. Además, la ley contempla:
- Multas severas: Sanciones de hasta 5.000 veces el tipo de cambio oficial por obstaculizar fiscalizaciones y hasta 100.000 veces por el uso de sustancias que degraden el ambiente.
- Suspensión de actividades: Se faculta la interrupción de operaciones autorizadas por hasta seis meses en caso de infracciones.
- Recaudación y control: Penalizaciones por omisión de informes, transporte sin guía y falta de inscripción en el registro minero.
Reestructuración institucional y plazos
La ley ordena la supresión del Servicio Nacional de Fiscalización y Supervisión Minera y otorga un plazo de un año para que las gobernaciones y alcaldías adecuen sus legislaciones locales. Asimismo, el Ejecutivo dispone de 180 días para publicar el reglamento correspondiente. Tras su aprobación, el texto fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia para la certificación de su constitucionalidad.
Esta reforma se consolida como el tercer pilar jurídico aprobado por el Parlamento en el marco de la reciente cooperación económica con la administración estadounidense. Se suma a la Ley de Aceleración de Trámites y a la reforma de la Ley de Hidrocarburos, diseñadas para dinamizar la inversión extranjera en un escenario de transición política y tutela internacional sobre las estructuras del Estado.
Acerca del autor
