Venezuela acusa a opositores y EE.UU. de estigmatizar a migrantes con falsa narrativa del Tren de Aragua
El Gobierno de Venezuela responsabilizó al denominado «Tren de la USAID», liderado por María Corina Machado, Juan Guaidó y Leopoldo López, de promover una campaña para «estigmatizar negativamente» a los migrantes venezolanos, tras el traslado de 238 connacionales a centros de detención en El Salvador bajo acusaciones de una supuesta vinculación con el crimen organizado.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó categóricamente el uso de la Ley del Enemigo Extranjero de 1798 por parte de EE.UU., que facilita la deportación masiva y, según Caracas, criminaliza a los venezolanos en el exterior.
Durante su programa Con Maduro +, el presidente Maduro denunció que la «falsa narrativa» sobre la presencia del Tren de Aragua en EE.UU. fue creada por la «ultraderecha» para justificar políticas migratorias represivas. «Es una campaña para estigmatizar a una migración que fue una válvula de escape ante las sanciones impuestas a nuestro país», afirmó.
El jefe de Estado insistió en que esta organización criminal fue «combatida y acabada» en Venezuela, desvinculándola de los migrantes actuales. Para el mandatario «la migración venezolana es resultado de las sanciones, no de la delincuencia», subrayó.
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, amplió las acusaciones al señalar que Machado, Guaidó, López y otros opositores de extrema derecha como Julio Borges, Antonio Ledezma, Carlos Vecchio y David Smolansky operan una «red de tráfico de personas» en la frontera entre México y EE.UU.
«Utilizaron la migración como negocio, aprovechándose del bloqueo económico que empujó a muchos venezolanos a emigrar», declaró Cabello durante una rueda de prensa.
Machado, Guaidó, López, Borges, Ledezma y compañía mantienen un «silencio sepulcral» y cómplice ante el atropello que sufren estos 238 venezolanos. EE.UU. los deportó bajo el «paraguas» de la polémica Ley de Enemigos Extranjeros y, sin atender sus derechos humanos, fueron enviados a El Salvador, donde fueron internados en el Centro de Reclusión para Terroristas (CECOT), una cárcel de máxima seguridad.
La Ley del Enemigo Extranjero y el traslado a El Salvador
El Ejecutivo venezolano condenó la aplicación de la ley estadounidense de 1798, calificándola de «anacrónica» y «violatoria de los derechos humanos», tras conocerse el traslado de los 238 venezolanos al CECOT en El Salvador. Este movimiento se produjo pese a una orden judicial federal en EE.UU. que suspendió las deportaciones bajo este marco legal, cuestionado por organizaciones humanitarias como un «abuso de poder».
El sábado 15 de marzo, el presidente Donald Trump invocó la Ley del Enemigo Extranjero para acelerar la expulsión de migrantes acusados de integrar el Tren de Aragua, afirmando que EE.UU. enfrentaba una «invasión de criminales» de esta pandilla, a la que vinculó con el éxodo masivo de venezolanos. Sin embargo, horas después, el juez federal James Boasberg emitió una orden de restricción temporal por 14 días, bloqueando cualquier deportación basada en esa norma.
En su fallo, Boasberg argumentó que la ley —diseñada en 1798 para responder a amenazas bélicas— no aplica al caso. «Los términos invasión e incursión depredadora se refieren a actos hostiles de una nación, comparables a una guerra, no a flujos migratorios», sentenció.
La decisión judicial desnudó la contradicción en el discurso de Trump, quien había descrito al Tren de Aragua como una «organización transnacional» expandida en nueve países, pese a que Caracas ratifica en haberla erradicado. Para Venezuela, este episodio es la instrumentalización de una «narrativa falsa» para justificar medidas represivas contra los migrantes venezolanos.
La denuncia se alinea con el rechazo emitido este 16 de marzo por la Cancillería venezolana, que acusó a EE.UU. de «persecución sistemática» contra sus migrantes mediante medidas como la expropiación de bienes y la amenaza de separación familiar. Caracas insiste en que estas acciones, junto al traslado de presos a El Salvador, forman parte de una estrategia para «despojar y segregar» a su población, en lugar de abordar las causas económicas de la migración.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro reiteró su llamado a la comunidad internacional, especialmente a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), para frenar lo que considera un «ataque contra la dignidad de América Latina».
Así fue la llegada de los más de 200 miembros del Tren de Aragua al CECOT
Un amplio y fuerte dispositivo de seguridad les dio la bienvenida a 238 miembros del Tren de Aragua y a 23 pandilleros de la Mara Salvatrucha que arribaron a El Salvador durante la madrugada del domingo 16 de marzo, en el aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero procedentes de Estados Unidos, bajo el instrumento de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el presidente de ese país, Donald Trump.
Al menos dos videos divulgados por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y por la Secretaría de Prensa de la Presidencia muestran el traslado de los reos al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), principalmente en buses, pero también tanquetas militares.
El dispositivo militar y policial, por tierra y aire, finalizaba al ingreso del CECOT donde los reos eran recibidos por los custodios de Centros Penales, cuya bienvenida fue ponerlos «de rodillas» para raparles la cabeza y barbas. Todo el traslado ocurre mientras los reos estuvieron esposados de pies y manos.
Posteriormente fueron registrados con sus nombres al ingreso de la megacárcel, escaneados sus cuerpos, luego fueron rapados y uniformados con camisetas, pantalones cortos, calcetines y sandalias tipo crocs, todo en color blanco, para luego -uno a uno- ser encerrados en las celdas de la prisión que el gobierno ha publicitado como la más segura y de la cual nadie puede escapar.
El gobierno anunció que los miembros del Tren de Aragua permanecerán en el país por un año, es decir hasta el 16 de marzo de 2026, pero este trato con Estados Unidos puede ser prorrogable.
Durante este año, Estados Unidos pagará una tarifa baja para ellos, pero alta para El Salvador, según Bukele, ayudará a hacer autosostenible el sistema penitenciario, que según el mandatario cuesta $200 millones al año.
Según un informe de la agencia AP, Estados Unidos pagará $20,000 anuales por cada reo enviado a El Salvador.
Ayer, el gobierno de Venezuela y sus aliados condenaron la decisión de Estados Unidos de enviar a venezolanos a El Salvador. El gobierno de Nicolás Maduro dijo que era una criminalización de la migración venezolana y acusó a los opositores de aconsejar a las autoridades estadounidenses.
Organizaciones estadounidenses también cuestionaron la legalidad de enviar reos por cargos en Estados Unidos a El Salvador, considerando que el sábado un juez federal suspendió la ejecución de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por Trump, pero que aún así fue realizada. «¡Ups!, demasiado tarde», escribió en inglés el presidente Bukele en reacción a esta decisión judicial.
En enero, tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a El Salvador, Bukele reveló que había ofrecido a Estados Unidos extender su brazo carcelario para mantener en prisión a convictos a cambio de un pago. Estados Unidos aseguró que analizaría la propuesta y agradeció el ofrecimiento, sin embargo, no anunció la resolución.
El Tren de Aragua es una peligrosa banda originaria de Venezuela que se formó en un penal llamado Tocaron, a su favor son imputados cantidad de homicidios, trata de personas, extorsiones, robos, secuestros, en al menos siete países pues se internacionalizaron gracias a la crisis migratoria de ese país del sur.
Qué dice la ley de 1798 que Trump invocó para deportar a cientos de venezolanos a El Salvador y que no se aplicaba desde la Segunda Guerra Mundial
Este es el viaje que hicieron más de 200 venezolanos, a los cuales el gobierno de Donald Trump señala, sin aportar pruebas, de formar parte del temido Tren de Aragua, una de las bandas criminales más peligrosas de Venezuela.
Para llevar a cabo la deportación al país centroamericano de los migrantes, que estaban en situación irregular en Estados Unidos, la Casa Blanca apeló a una ley casi tan antigua como el propio país: la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798.
Y al hacerlo pasaron por alto la orden de un juez, quien decidió paralizar las expulsiones, por considerar que ese instrumento legal no se podía aplicar a este caso. Pero, ¿qué dice la ley?, ¿qué poderes distintos otorga a las autoridades? y ¡cuándo fue la última vez que se aplicó?
Un arma para tiempos de guerra
La Ley de Enemigos Extranjeros es una norma de 227 años de antigüedad, la cual le otorga a los presidentes la autoridad para ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los que EE.UU. se encuentre en guerra. Es decir, naciones con las que mantenga hostilidades reales.
La ley, que fue aprobada por el Congreso con el apoyo del presidente John Adams cuando EE.UU. estaba al borde de la guerra con Francia, buscó prevenir el espionaje y el sabotaje extranjeros.
“Se generó mucho alarmismo sobre los simpatizantes franceses en el país y sobre conspiraciones para, básicamente, poner a EE.UU. del lado de Francia”, explicó Steve Vladeck, profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, a la Radio Pública Nacional de EE.UU. (NPR, por sus siglas en inglés).
A lo largo de los últimos dos siglos, la ley se aplicó en tres ocasiones.
La primera fue en 1812, durante la guerra que EE.UU. mantuvo con Reino Unido y en la que la Casa Blanca fue incendiada por tropas británicas.
La segunda y tercera vez ocurrieron durante la Primera (1914-1919) y Segunda Guerra Mundial (1939-1945) respectivamente.
Durante el primer conflicto global, las autoridades estadounidenses utilizaron la ley para internar a más de 6.000 “extranjeros enemigos”, muchos de ellos alemanes, en campos de internamiento, y algunos permanecieron detenidos hasta dos años después del fin de los combates, reportó la NRP, citando información obtenida de los Archivos Nacionales.
Por su parte, el Servicio de Alguaciles de EE.UU. registró a 480.000 “extranjeros enemigos” alemanes y arrestó a 6.300 entre la declaración de guerra en abril de 1917 y el armisticio en noviembre de 1918.
Décadas después, durante la Segunda Guerra Mundial, el texto fue utilizado para permitir el encarcelamiento de ciudadanos alemanes, italianos, pero sobre todo japoneses que vivían en EE.UU.
Fue así como más de 30.000 personas pasaron la conflagración presas en campos de internamiento, dado que Washington los consideraba potencialmente peligrosos.
Para justificar su aplicación ahora, en 2025, el presidente Donald Trump dictó un decreto este sábado en el cual declaró que el Tren de Aragua estaba “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EE. UU.”.
Y para enfrentar dicha amenaza, el mandatario ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que estén en EE. UU., que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que “no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales” sean “detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros”.
Sin embargo, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, consideró que esta declaración era insuficiente para aplicar la ley, en tanto que fue creada pensado en un conflicto bélico.
Y, por ello, el funcionario judicial ordenó la paralización de las deportaciones. No obstante, su mandato fue ignorado.
“La ley de 1798 es clara en el sentido de que una ‘invasión o incursión depredadora’ debe ser realizada por una ‘nación o gobierno extranjero’ para que pueda invocarse”, explicó a BBC Mundo Dan Tichenor, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Oregón, hace unas semanas.
Sin garantías de ningún tipo
¿Por qué Trump recurre a una ley tan antigua? y ¿Qué ventajas tiene al hacerlo?
Según expertos consultados por BBC Mundo, el instrumento legal permite al gobierno detener y expulsar a personas sin tener que garantizarles el debido proceso, es decir sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse, a apelar ante una instancia superior, entre otros.
“La Alien Enemies Act da al gobierno de Trump un Poder Ejecutivo muy amplio y sin restricciones para detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados a voluntad”, explicó Tichenor.
“La norma autoriza a los presidentes a agilizar el proceso de deportación, dejando a los no ciudadanos sin posibilidad de recurrir a los tribunales de inmigración”, agregó el experto.
Al impedirle a los inmigrantes poder ejercer sus garantías judiciales se reducen los tiempos y se pueden ejecutar deportaciones más rápidas y a gran escala, tal y como prometió Trump a lo largo de su campaña.
Otro elemento es que la Ley de Enemigos Extranjeros no requiere que se presenten pruebas de que un extranjero es una amenaza, basta con la simple sospecha. Así lo advirtió Katherine Yon Ebright, del Centro Brennan para la Justicia.
Hasta el momento, el gobierno estadounidense no identificó a los venezolanos deportados, ni presentó pruebas que confirmen su relación con el Tren de Aragua ni que hubieran cometido delitos en EE.UU.
En febrero pasado, cuando los primeros dos vuelos con deportados llegaron a Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que “ninguno (de los deportados) tenía vinculación con el Tren de Aragua”.
Asimismo, el funcionario venezolano indicó que de los primeros 190 deportados, solamente 17 tenían antecedentes penales.
Polémica servida
La decisión de Trump de recurrir a este instrumento legal provocó controversia.
“Una ley de tiempos de guerra no tiene cabida para aplicarse en tiempos de paz”, agregó Yon Ebrigth.
Por su parte, desde el Centro para el Progreso Americano (CAP, por sus siglas en inglés) denunciaron que la implementación actual de la ley constituye “un peligroso abuso de poder que busca privar a las personas de sus derechos legales”.
“Todo estadounidense, independientemente de su ideología política, debería estar preocupado por el hecho de que el presidente esté recurriendo a poderes que se invocaron por última vez para detener a miles de estadounidenses de origen japonés en campos de reclusión, uno de los momentos más vergonzosos de la historia de EE. UU.”, afirmó la organización no partidista en un comunicado.
Trump prometió poner en marcha la mayor ola de deportaciones de la historia del país para devolverle la seguridad.
“Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas y redes criminales extranjeras que traen delitos devastadores a suelo estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos”, enfatizó.
Desde que el magnate neoyorquino volvió a la Casa Blanca, en enero pasado, se incrementó el número de redadas y detenciones indiscriminadas.
Según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), al menos 32.000 migrantes fueron detenidos desde la toma de posesión del presidente Trump.
Sin embargo, cerca del 23% de estas detenciones, unas 9.000, corresponden a migrantes legales, sin récord criminal, o en espera de procesos, audiencias y respuestas a solicitudes de residencia y asilo. ICE llama a estas detenciones “daños colaterales”, reportó la cadena gala France 24.
Fuente: Agencia Nodal | Telesur | Diario El Mundo | La Nación
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