El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) emitió un pronunciamiento institucional al cierre de las mesas de sufragio de este domingo 7 de junio de 2026, demandando a las organizaciones políticas en competencia y a la sociedad civil actuar con responsabilidad ciudadana y estricto apego a los valores democráticos.
Ante el estrecho margen proyectado por las encuestadoras en esta segunda vuelta, el colegiado ético enfatizó la necesidad imperativa de aguardar los resultados oficiales con paciencia y serenidad, recordando que la determinación formal de la fórmula presidencial ganadora requiere el procesamiento técnico y legal de la totalidad de las actas de sufragio procedentes tanto del territorio nacional como del extranjero.
Monitoreo digital del escrutinio y fiscalización en tiempo real
La instancia deontológica precisó que el avance de la contabilización de los votos e impugnaciones puede ser auditado de manera directa y transparente por la opinión pública a través de las plataformas digitales oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El Tribunal de Honor instó a la población a informarse exclusivamente mediante los canales del organismo electoral, el cual refleja la consolidación progresiva de los datos en su portal web de resultados.
Con esta medida, el colegiado busca mitigar las corrientes de desinformación, las proclamaciones anticipadas de victoria y las especulaciones en redes sociales que puedan alterar el orden público o minar la confianza en el sistema electoral peruano.
Investigación penal de delitos electorales e irregularidades en los locales de votación
En materia de control y fiscalización de la jornada, el Tribunal de Honor exigió al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) dar celeridad a las investigaciones periciales respecto a las graves incidencias delictivas reportadas en diversos centros de sufragio. El pronunciamiento saludó la intervención oportuna de los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de las autoridades de administración de justicia, quienes lograron neutralizar contingencias que ponían en riesgo el derecho al sufragio.
El documento detalló que estas anomalías correspondieron principalmente a la detención de presuntos personeros partidarios que intentaron marcar o viciar cédulas de votación antes de ser entregadas a los electores, así como a comportamientos irregulares por parte de ciertos miembros de mesa que vulneraron flagrantemente sus directivas funcionales.
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