Defensoría del Pueblo y Municipalidad de Talara interponen demandas acumuladas de inconstitucionalidad contra el decreto.
El Tribunal Constitucional (TC) evalúa este martes 25 de agosto las demandas de inconstitucionalidad acumuladas contra el Decreto de Urgencia 010-2025, norma orientada a la reestructuración de Petróleos del Perú (Petroperú). Diversas instituciones públicas, gremios laborales y colegios profesionales advierten que la medida representa una «privatización encubierta» y pone en riesgo la seguridad energética del país, por lo que la decisión del máximo tribunal definirá la continuidad operativa y legal de la petrolera estatal.
Fundamentos legales y cuestionamiento constitucional
Las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara sostienen que el Poder Ejecutivo incurrió en un exceso de facultades al promulgar una reorganización mediante decreto, omitiendo el debate en el Congreso de la República. De acuerdo con la postura defensorial, el decreto vulnera el artículo 60° de la Constitución y no cumple con los criterios técnicos de urgencia ni imprevisibilidad exigidos por ley.
La reglamentación bajo revisión dispone la transferencia de las principales unidades de negocio de Petroperú hacia Proinversión para su concesión a entes privados, medida calificada por las entidades demandantes como un riesgo directo para la gestión de un activo crítico y estratégico del Estado.
Acciones del sector laboral y colegios profesionales
Paralelamente al proceso constitucional, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) interpuso un recurso de amparo ante el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, el cual fue admitido a trámite fijando audiencia para el 5 de octubre. La dirigencia sindical busca frenar la reorganización para resguardar la estabilidad laboral del sector.
Por su parte, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) y el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) manifestaron que la reestructuración carece de un plan técnico y social integral, advirtiendo sobre la cesión de activos sin el control adecuado, lo que podría impactar de forma directa en el abastecimiento interno de combustibles.
La resolución del Tribunal Constitucional resulta determinante para la viabilidad económica de la petrolera, debido a que el Decreto de Urgencia 003-2026 —que autoriza un salvataje financiero de hasta US$ 2,000 millones— conditioning el desembolso de los recursos fiscales a la aplicación del plan de reestructuración fijado en el DU 010-2025. Por ello, la eventual anulación o modificación del decreto por parte del TC mantendría en suspenso la ejecución del apoyo gubernamental.
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