Luego de la confesión del agresor, los deudos exigen a las autoridades celeridad en las investigaciones para localizar los restos de la víctima.
La investigación en torno a la desaparición de Marializ Duende Malafaya (19), cuyo paradero se desconocía desde el pasado 14 de enero en Lima, dio un giro tras la confesión de su expareja, Peter Carvajal, quien admitió ante el Ministerio Público ser el responsable de su muerte.
El rastro de la víctima se perdió luego de que informara a sus familiares que se reuniría con el implicado para dar por terminada la relación sentimental. Tras bloquear los canales de comunicación y las redes sociales de la joven, el agresor evadió las consultas iniciales de los deudos y huyó junto a su entorno familiar hacia la región de Ucayali. No obstante, las contradicciones en sus declaraciones y el cruce de información telefónica permitieron a los agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ubicarlo y capturarlo en la localidad de Orellana.
Confesión del crimen, inconsistencias sobre los restos y sospechas de complicidad
Durante la ampliación de su declaración fiscal, Carvajal detalló que el deceso de la víctima se produjo a causa de un traumatismo craneal severo, derivado de un empuje violento en el interior del inmueble que compartían en el jirón Dante, en el distrito de Surquillo.
De acuerdo con la defensa legal de los deudos, el móvil del crimen fue la negativa del procesado a aceptar la ruptura amorosa. A pesar de admitir la autoría del feminicidio, el detenido no ha proporcionado información precisa sobre la localización del cadáver, limitándose a declarar de forma vaga que arrojó los restos al mar. Ante este escenario, la familia sospecha que el investigado contó con la asistencia de terceros para ocultar el cuerpo, por lo que exigen dictar prisión preventiva obligatoria para evitar el riesgo de fuga y esclarecer las responsabilidades correspondientes.
Este caso se incorpora a una problemática de seguridad pública que registra 52 feminicidios consumados y un promedio de 100 tentativas a nivel nacional entre los meses de enero y mayo del presente año fiscal. Frente a este panorama, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) mantiene activos sus servicios públicos especializados de asistencia legal, psicológica y social gratuita para víctimas de violencia familiar y de género a través de diversas plataformas de contingencia y protección inmediata:
- Centros de Emergencia Mujer (CEM): Unidades interdisciplinarias distribuidas a nivel nacional que articulan asesoría jurídica, soporte socioemocional y acompañamiento formal durante el proceso de denuncia ante las autoridades competentes.
- Línea 100: Servicio telefónico gratuito de cobertura nacional que opera de forma continua las 24 horas del día, encargado de brindar orientación estratégica, contención emocional y activar de forma inmediata las rutas de protección interinstitucional.
- Policía Nacional del Perú (PNP): Institución encargada de recepcionar denuncias por violencia de género en cualquiera de sus comisarías a nivel técnico, con la obligación legal de dictar medidas de protección de urgencia y salvaguardar la integridad física de las personas afectadas.
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