Colombia vivió este jueves 21 de agosto una de las jornadas más violentas del año, tras dos atentados simultáneos atribuidos a disidencias de las FARC.
Los ataques dejaron 19 muertos y decenas de heridos, encendiendo las alarmas sobre la crisis de seguridad que persiste en la historia del país.
El primero ocurrió en Cali, donde un camión cargado con explosivos estalló cerca de la Base Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. La detonación causó la muerte de seis civiles y dejó más de 60 heridos, en uno de los atentados más graves registrados en zonas urbanas en los últimos años.
La explosión en Cali fue atribuida al Estado Mayor Central, disidencia liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco. Según las autoridades, se colocaron dos vehículos cargados con explosivos.
Horas después, en el municipio de Amalfi, Antioquia, un helicóptero Black Hawk de la Policía fue derribado mientras participaba en labores de erradicación de cultivos de coca. El ataque, ejecutado con un dron cargado de explosivos, dejó 13 policías muertos. Este segundo hecho fue atribuido a la disidencia de Calarcá.
El presidente Gustavo Petro condenó lo ocurrido y afirmó que los atentados serían una respuesta a las recientes operaciones militares contra la columna Carlos Patiño, uno de los frentes más importantes de las disidencias de las FARC.
Estos hechos ocurren en un contexto de recrudecimiento de la violencia. En los últimos meses, distintas regiones del país han sido escenario de ataques coordinados contra la Fuerza Pública y la población civil, principalmente en el suroccidente.
La magnitud de lo sucedido en Cali y Antioquia refuerza las preocupaciones sobre la capacidad del Estado para contener a los grupos armados ilegales y garantizar la seguridad de la ciudadanía en medio del complejo panorama que atraviesa Colombia.
