Fiscalía logró condena de cárcel y servicio comunitario tras comprobarse la entrega ilegal de mercadería retenida.
El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, bajo la dirección del fiscal provincial José Emilio Caballero Miranda, obtuvo una sentencia condenatoria contra cinco efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras acreditarse su responsabilidad en el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
Los agentes sentenciados, identificados como Bryan Sandoval, Mael Aysanoa, Iván Espíritu, Franco Luque y Bryan Arévalo, se desempeñaban como integrantes del Equipo de Investigación N.° 02 del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Cercado de Lima.
El órgano jurisdiccional dictó las sanciones penales correspondientes tras validarse los elementos probatorios que demostraron que los procesados instrumentalizaron sus cargos públicos para condicionar la acción policial a cambio de un beneficio económico indebido.
Graduación de las penas y aplicación de jornadas de servicio comunitario
La autoridad judicial determinó penas diferenciadas para los involucrados de acuerdo con su grado de participación en la conducta ilícita. Para el efectivo Bryan Sandoval se dispuso una sanción de seis años, cinco meses y cuatro días de privación de la libertad suspendida, sujeta a un periodo de prueba de cinco años.
En el caso del agente Mael Aysanoa, la judicatura le impuso una pena de cinco años de cárcel efectiva, la cual fue reconvertida legalmente a 260 jornadas obligatorias de prestación de servicios a la comunidad.
Por su parte, los policías Iván Espíritu, Franco Luque y Bryan Arévalo recibieron una condena de cuatro años, nueve meses y 26 días de prisión de carácter suspendido, supeditada al estricto cumplimiento de reglas de conducta institucionales.
Conclusión anticipada del proceso y fijación de la reparación civil
La investigación fiscal determinó que el hecho delictivo se originó durante la intervención realizada por los agentes a los ciudadanos Felícita Chávez y Jhon Medina, quienes se desplazaban transportando un lote de sábanas falsificadas.
Tras efectuar el traslado de las víctimas a la sede policial, los efectivos policiales exigieron inicialmente a Medina el pago de S/ 10,000 para omitir sus funciones de fiscalización penal y proceder con la devolución de los textiles incautados, reduciendo posteriormente la exigencia económica a la suma de S/ 6,000 para consumar el acto de corrupción.
El esclarecimiento y resolución del caso contó con el sustento técnico de los fiscales adjuntos Heidy Judith Pejerrey Benites y Brayen Olin Trujillo Agüero.
Ante la contundencia del caudal probatorio recopilado por el Ministerio Público, los cinco policías implicados optaron por acogerse a la figura jurídica de la conclusión anticipada del juicio, admitiendo formalmente su culpabilidad y sometiéndose al pago individual de S/ 3,000 en favor del Estado por concepto de reparación civil.
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